La iniciativa presentada por el Gobierno Federal para proteger los derechos de las audiencias parte de una premisa difícil de cuestionar: quienes consumimos radio, televisión y contenidos informativos tenemos derecho a recibir información plural, veraz, contextualizada y respetuosa de nuestros derechos.
El problema comienza cuando una reforma pretende regular aspectos que, en buena medida, ya están contemplados en la legislación vigente y, al mismo tiempo, incorpora conceptos ambiguos que podrían abrir la puerta a interpretaciones discrecionales.
En materia de libertad de expresión, las ambigüedades no son un asunto menor. Una norma puede presentarse con el argumento de proteger a las audiencias, pero si permite que desde el poder se determine qué contenidos son aceptables, qué opiniones deben cuestionarse o qué medios deben ser señalados, el riesgo de censura deja de ser una preocupación teórica.
El Gobierno Federal ha insistido en que no se busca censurar a los medios. Sin embargo, en una democracia no basta con confiar en las buenas intenciones de quien gobierna. Las leyes permanecen cuando los gobiernos cambian y, por eso, cualquier facultad que pueda utilizarse para limitar la libertad de expresión debe tener límites claros y contrapesos reales.
La preocupación aumenta cuando desde el poder político se descalifica constantemente a medios, periodistas o voces críticas. Una democracia sólida no debería distinguir entre medios amigos y medios incómodos. El presupuesto público tampoco debería convertirse en una herramienta para premiar afinidades o castigar líneas editoriales.
Y desde la mirada de las mujeres, este debate tiene todavía otra dimensión. Las periodistas han ganado espacios, pero siguen enfrentando ataques que muchas veces tienen un componente de género. Cuando una mujer cuestiona al poder, se desacredita por su apariencia, su vida personal o simplemente por ser mujer, en lugar de responder a las preguntas o investigaciones que plantea.
Por eso, defender la libertad de prensa también es defender el derecho de las mujeres a ejercer el periodismo sin miedo. Los derechos de las audiencias son necesarios. Necesitamos medios responsables, información de calidad y mecanismos para exigir una cobertura respetuosa de los derechos humanos. Pero esos derechos no pueden convertirse en una herramienta para controlar a quienes informan.
Las audiencias tenemos derecho a escuchar diferentes voces, incluso aquellas que incomodan al gobierno. Porque una prensa que solamente puede hablar cuando el poder está de acuerdo no es una prensa libre. Y una sociedad que deja de escuchar las voces críticas pierde uno de sus principales mecanismos para vigilar a quienes gobiernan.
Proteger a las audiencias sí. Regular para silenciar, nunca. La democracia necesita ciudadanos informados, pero también periodistas libres para cuestionar al poder.
