Por el Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez
Hay decisiones de Washington que en México provocan una reacción casi automática: hablar de injerencia. Y hay otras que producen la reacción contraria: si Estados Unidos retiró una visa, por algo será. Entre ambas certezas se ha instalado una discusión incómoda que la política mexicana prefiere resolver con consignas antes que con preguntas.
La cancelación de una visa no decide quién puede gobernar México. Tampoco constituye, por sí misma, prueba de un delito. Pero sería ingenuo pensar que siempre se trata de un trámite administrativo sin mayor significado.
La primera lectura es la de la soberanía. México no puede aceptar que un gobierno extranjero se convierta, directa o indirectamente, en árbitro de su vida política. Los ciudadanos mexicanos eligen a sus autoridades conforme a sus propias leyes y procedimientos. Si una decisión administrativa de Washington comienza a utilizarse en México como certificado de honorabilidad —o como sentencia política—, estamos frente a un problema.
El precedente tampoco es menor. Estados Unidos ha retirado visas a funcionarios y figuras públicas de distintos partidos y en diferentes momentos. Las razones pueden ser legítimas y estar vinculadas con seguridad, migración o investigaciones. Pero también existe un margen de discrecionalidad que impide convertir cada cancelación en una verdad revelada.
El problema aparece cuando la política mexicana hace exactamente eso.
Porque existe otra lectura, igualmente incómoda. Las autoridades estadounidenses tienen capacidades de inteligencia, cooperación financiera y seguimiento transnacional que pueden generar información antes de que exista una acusación pública. Una cancelación de visa puede estar relacionada con información que no conocemos, con una investigación todavía reservada o con indicios que no han llegado a convertirse en una imputación formal.
El caso reciente de Andrés Manuel López Beltrán volvió a colocar esta discusión sobre la mesa. La reacción política fue inmediata: injerencia, ataque, doble rasero. Pero junto con esas críticas debería existir una pregunta mucho más difícil: ¿qué saben las autoridades estadounidenses que nosotros no sabemos?
Y habría que formular otra, todavía más importante: ¿qué están haciendo las autoridades mexicanas para averiguarlo?
Ahí está el verdadero vacío.
Porque resulta tan peligroso asumir que toda cancelación de visa es una operación política de Washington como aceptar que toda cancelación es una prueba anticipada de culpabilidad. En ambos casos se sustituye la investigación por una narrativa.
La soberanía no consiste en cerrar los ojos frente a la información que proviene del exterior. Y la cooperación internacional tampoco puede convertirse en una forma elegante de subordinación.
México debería poder hacer algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más difícil: investigar por cuenta propia.
Si existen indicios de corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero o cualquier otra conducta ilícita, deben investigarse con las instituciones mexicanas, con pruebas y conforme a derecho. Si no existen, también debería poder demostrarse. Lo que no puede aceptarse es que una decisión de Washington termine ocupando el lugar que corresponde a nuestras fiscalías, tribunales y órganos de control.
Mientras las instituciones mexicanas no sean capaces de generar respuestas creíbles frente a señalamientos que involucran a personajes públicos, cualquier movimiento de Estados Unidos tendrá una fuerza política desproporcionada. Para unos será evidencia de una conspiración; para otros, confirmación de una culpa que nadie ha probado.
Las visas no deberían decidir quién gobierna México. Pero tampoco deberíamos fingir que no significan nada.
Entre la injerencia y la advertencia existe una zona gris. Es precisamente ahí donde debería comenzar una discusión adulta sobre soberanía, inteligencia, justicia y responsabilidad pública.
Porque cuando la información extranjera pesa más que la investigación nacional, el problema ya no está en Washington.
Está en casa.
