Por Otto Alberto Pérez

El derrumbe de Morena en Coahuila —donde perdió los 16 distritos de mayoría relativa frente al PRI— no fue un accidente electoral. Fue la consecuencia previsible de un proyecto que confundió la inercia de su marca con capacidad de movilización territorial. Tras la salida de Andrés Manuel López Obrador de la primera línea y el retiro de Andrés López Beltrán de la estructura partidista, la maquinaria guinda se mostró incapaz de sostener el piso que antes garantizaba la presencia del expresidente. El resultado es contundente: la soberbia no reemplaza al trabajo de base.

Este revés no debe leerse como un fenómeno aislado. Las derrotas exponen fallas operativas, pero el verdadero riesgo para la continuidad del movimiento no proviene de una oposición consolidada, sino de la implosión que genera la propia defensa institucional de perfiles cuestionados en los estados donde Morena gobierna. Coahuila demostró que las hegemonías se erosionan cuando subestiman la capacidad de reacción de sus adversarios. Morelos, en cambio, muestra cómo esa erosión puede acelerarse desde dentro.

El caso morelense es el ejemplo más claro de ese desgaste autoinfligido. Durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, el estado se mantuvo sistemáticamente entre los primeros lugares nacionales en tasa de homicidios dolosos. Las omisiones del gobierno cobraron forma concreta cuando se hicieron públicas las imágenes de la reunión que el entonces gobernador sostuvo en 2018 con Irving Solano, alias “El Profe”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, y Homero Figueroa, alias “El Tripa”, líder del Comando Tlahuica. Lo que pudo interpretarse como un error de cálculo político se convirtió, con el paso del tiempo, en un lastre de legitimidad imposible de ocultar.

A esa crisis de seguridad se sumó el colapso financiero documentado por los órganos fiscalizadores. La Auditoría Superior de la Federación detectó desvíos por casi 37 millones de pesos en dependencias como el Instituto Estatal de Educación para Adultos y el DIF. El Consejo Ciudadano de Morelos, por su parte, denunció un desfalco general superior a los 230 millones de pesos. Mientras tanto, la protección política desde San Lázaro alcanzó niveles de complicidad explícita: en octubre de 2024, la media hermana del exgobernador, Nidia Fabiola Blanco, presentó una denuncia por intento de violación presuntamente ocurrido en la residencia oficial. La bancada oficialista rechazó la solicitud de desafuero y mantuvo el blindaje procesal.

La arrogancia partidista impide a la dirigencia de Morena reconocer que cobijar perfiles señalados por nexos delictivos y por violencia de género no es un costo menor. Es un pasivo político que la apatía ciudadana terminará cobrando en los próximos ciclos electorales. En Morelos, el PRI prácticamente desapareció como opción electoral —apenas rebasó el 5 % en 2024 y está al borde de perder su registro—, pero esa debilidad opositora no ha impedido que el descontento por la gestión de Blanco se acumule. La defensa cerrada de un exmandatario vinculado al crimen organizado y señalado por agresión sexual no fortalece al movimiento: lo fractura desde sus cimientos.

El triunfo priista en Coahuila demuestra que las hegemonías caen cuando subestiman tanto a sus adversarios como las consecuencias de sus propias decisiones. Sostener la soberbia de encubrir pactos inconfesables por rentabilidad política de corto plazo no garantiza continuidad. La garantiza, en todo caso, el reconocimiento de que el poder sin legitimidad social termina devorándose a sí mismo.