Por Daniel Alcaraz

CAEN PRIMEROS NARCOPOLÍTICOS E INVESTIGAN A TADEO NAVA, ALONSO Y MÁS 

La caída comenzó por el oriente de Morelos, cuando el gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan, así como de Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla.

También fueron detenidas otras cuatro personas vinculadas con la estructura de gobierno de Cuautla, como parte de la continuidad de la denominada Operación Enjambre, estrategia federal contra redes de corrupción institucional y posibles vínculos entre estructuras de poder y delincuencia organizada.

El propio secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó además que continúa vigente la orden de aprehensión contra el alcalde en funciones de Cuautla, Jesús Corona Damián.

Horas antes de convertirse en objetivo prioritario de las autoridades federales, Corona había participado públicamente en una mesa de coordinación de seguridad acompañado por autoridades civiles y militares, representantes federales, corporaciones estatales, fuerzas armadas y alcaldes metropolitanos.

Entonces resulta inexplicable cómo puede desaparecer prácticamente de inmediato un presidente municipal señalado por autoridades federales después de haber estado sentado con prácticamente todo el aparato institucional de seguridad y que, lógicamente, era investigado y vigilado por la autoridad.

Mientras el gobierno federal presume una operación contra estructuras de corrupción y criminalidad institucional, en Morelos ciertos grupos siguen teniendo márgenes extraordinarios de protección política.

Sin embargo, pese a la protección de que han gozado en lo local, trascendió ayer que el gabinete de seguridad federal investiga, entre otros actores políticos locales, al expresidente de Morena Morelos y expresidente municipal de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, quien también aparece en el video donde el líder criminal Jupiter Araujo Benard se reúne con varios de los políticos ayer detenidos. 

Se supo además que se investiga a los diputados locales en funciones Isaac Pimentel Mejía y Francisco Sánchez Zavala, así como al diputado federal morenista Agustín Alonso; a su hermano, el alcalde del municipio de Yautepec, Eder Alonso Gutiérrez; y al presidente municipal de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plasencia.

Desde febrero existían investigaciones federales derivadas de videos que colocaron bajo la lupa a actores políticos de la región oriente de Morelos, entre ellos alcaldes y funcionarios que aparecían presuntamente reunidos con objetivos criminales investigados por autoridades federales.

Durante muchos años, Morelos normalizó algo profundamente peligroso: la construcción de pequeños cacicazgos regionales donde apellidos, estructuras familiares, poder económico y operación política parecían caminar demasiado cerca de intereses criminales.

Son muchos los municipios donde nombres y grupos políticos han sido señalados socialmente durante años. Eso no convierte automáticamente a nadie en culpable, pero sí obliga a algo elemental: investigarlos.

La Operación Enjambre ya tocó alcaldías, exalcaldías, funcionarios municipales y operadores políticos. También abrió una señal política distinta, pues la federación parece haber decidido entrar a Morelos sin pedir permiso.

Y eso inevitablemente coloca bajo presión a otros actores que durante años caminaron bajo la sombra de señalamientos públicos. Ayer mismo, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, afirmó que el Cártel de Sinaloa presuntamente penetró la estructura municipal del estado de Morelos a través del financiamiento de campañas de candidatos que hoy ocupan puestos públicos, además de que intimidó a actores políticos contrarios.

Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, dijo que la FEMDO identificó la presencia del crimen en por lo menos ocho municipios, entre ellos Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan.

Y, de acuerdo con lo difundido ayer en el portal digital de noticias Milenio, las pesquisas arrojan datos de que una persona, señalada como operador político de la gobernadora Margarita González Saravia, también tuvo encuentros con Jupiter Araujo Benard, alias “El Barbas”.

Parece ser que esto apenas empieza y que vendrán más detenciones, incluso de prominentes políticos que hasta ayer creían gozar de absoluta protección e impunidad y que hoy seguramente deben estar preocupados, pues podrían terminar apresados en cualquier momento.