Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez 

Mientras el sábado pasado, una vivienda vinculada al exgobernador con licencia Rubén Rocha Moya amanecía con impactos de bala en la colonia Las Quintas, la ausencia pública del mandatario seguía generando incertidumbre política en Sinaloa. En medio del escándalo, México presencia un nuevo episodio del deterioro institucional que se ha profundizado en los últimos años.

Lo preocupante no es únicamente que Rocha Moya haya sido mencionado en investigaciones y versiones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos con integrantes de grupos del crimen organizado. Lo verdaderamente relevante es recordar cómo llegó al poder y de qué manera el sistema político cerró filas en torno a su figura aun en medio de la crisis.

El propio Rubén Rocha Moya declaró en noviembre de 2025, durante la Feria del Libro de Culiacán, que su candidatura no surgió exclusivamente de un proceso interno basado en encuestas dentro de Morena. Según sus propias palabras, la decisión final recayó en el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que otros perfiles aparecían mejor posicionados en distintos ejercicios internos.

La llamada Cuarta Transformación llegó al poder con la promesa de erradicar prácticas asociadas al viejo régimen político. Sin embargo, distintos sectores críticos sostienen que, en varios casos, persistieron dinámicas como la centralización de decisiones, la opacidad y la subordinación de instituciones a intereses partidistas.

Cuando las instituciones dejan de actuar con autonomía, disminuye también su capacidad de corregir errores, investigar con independencia y generar confianza pública. La Fiscalía General de la República ha señalado que requiere mayores elementos antes de avanzar en cualquier procedimiento relacionado con las investigaciones difundidas desde Estados Unidos. Más allá de responsabilidades individuales, el caso Rocha Moya vuelve a colocar sobre la mesa un debate de fondo: qué ocurre cuando los criterios de cercanía política pesan más que los mecanismos de rendición de cuentas, evaluación pública o fortalecimiento institucional.

El caso no puede analizarse únicamente como un hecho aislado. También puede interpretarse como síntoma de un modelo político donde:

• Las lealtades personales adquieren más peso que los controles institucionales. 
• La narrativa política sustituye, en ocasiones, a la rendición de cuentas. 
• Los organismos públicos pierden autonomía frente al poder partidista. 
• La concentración de decisiones debilita los contrapesos democráticos. 

Cuando un gobernador reconoce públicamente que su candidatura dependió más de una decisión presidencial que de un proceso plenamente competitivo, resulta inevitable abrir una discusión sobre la calidad de los mecanismos democráticos internos y sobre la fortaleza real de las instituciones políticas en México.

Para colmo, la degradación institucional también se refleja en la manera en que se construyen y sustituyen los liderazgos políticos. El propio Rubén Rocha Moya llegó en abril de 2025 declaró públicamente que la hoy gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, apenas trabajaba de “meserita de lonchería” en 2018 y que fue gracias Morena quien la llevó hasta la titularidad del Poder Ejecutivo estatal. 

Más allá del tono de aquella expresión, el señalamiento exhibe una lógica preocupante: la idea de que el acceso al gobierno depende menos de trayectorias institucionales sólidas o capacidades de gobierno y más de decisiones tomadas desde las cúpulas del poder político.

La pregunta de fondo ya no es únicamente qué sabía Rocha Moya o qué responsabilidades podrían derivarse de las investigaciones en curso. La pregunta más profunda es cuántos actores políticos llegaron al poder bajo las mismas dinámicas y qué tan dispuesto está realmente el sistema político mexicano a revisar el modelo que permitió su ascenso.