Por Otto Alberto Pérez

Mientras la federación afina la escenografía del Mundial de Fútbol 2026, miles de madres y padres escarban el subsuelo del país en busca de sus desaparecidos. Rechazar la cooperación internacional no es un acto de soberanía: es una estrategia deliberada de control de daños. Negar la crisis forense margina a las familias y perpetúa la parálisis deliberada del Estado.

La tensión es ya insoslayable. Las recientes movilizaciones de las buscadoras desnudan el choque frontal entre la narrativa oficial de “pacificación” y la obstinada realidad de las fosas clandestinas. El silencio gubernamental ante sus exigencias no es omisión: es definición de prioridades.

Las cifras son elocuentes: más de 133.000 personas no localizadas y un rezago forense superior a los 72.000 cuerpos en los servicios estatales. Informes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado el colapso institucional y ofrecido asistencia técnica. La administración de Claudia Sheinbaum ha optado por desoírlos y negarles el acceso a Palacio Nacional.

Esta negativa centraliza la responsabilidad en el Ejecutivo. Las autoridades de Gobernación sostienen que el marco jurídico vigente es suficiente, ignorando la evidencia acumulada de su ineficacia. Así, el Estado traslada a las familias la tarea de investigación que constitucionalmente le corresponde.

La omisión se vuelve letal. Al excluir a las buscadoras de la Ley para la Protección de Personas Defensoras, se les deja en la intemperie: más de dos decenas de rastreadoras han sido asesinadas en la última década. La desprotección jurídica no solo las expone; blinda a los perpetradores y garantiza la continuidad del delito.

Desde el oficialismo se repite que aceptar ayuda foránea vulnera la soberanía y que el actual gobierno heredó un aparato de seguridad fracturado. 

Pero ni el pasado ni el nacionalismo justifican las más de 19.000 desapariciones registradas en lo que va del sexenio. La minimización del fenómeno redefine los límites del poder: al silenciar el reclamo y alterar los registros, se institucionaliza una política de memoria selectiva que decide qué ausencias merecen ser investigadas y cuáles deben ser borradas.

El Mundial exige un país de exhibición. La tierra removida por los colectivos desmantela el montaje. Si los contrapesos legislativos y judiciales siguen sin exigir rendición de cuentas, la opacidad se consolidará como norma. El electorado tiene entonces una disyuntiva nítida: sancionar estas omisiones o legitimar un sistema donde la desaparición se acepta como el precio inevitable de la estabilidad política.