Por Carolina Ruiz Rodríguez *

La noche del pasado 4 de mayo, Alexis, ciudadano mexicano, buscó ayuda. El edifico donde reside, había sido irrumpido durante una redada antiinmigrante. Los agentes se negaron a identificarse y no presentaron orden alguna que autorizara el operativo. El saldo: su esposa fue detenida junto con otras diez personas.

En su intento por localizarla, Alexis descubrió que había sido trasladada a una estación migratoria y, posteriormente, enviada a otro estado, sin información clara sobre su situación jurídica.

A primera vista, podría pensarse que se trata de uno más de los operativos arbitrarios que, con frecuencia, se denuncian en Estados Unidos por parte de elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Pero no. Este caso ocurrió en México.

La detención de la esposa de Alexis, de origen cubano, tuvo lugar en la Ciudad de México, en un edificio de la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y no es un hecho aislado.

En semanas recientes, diversos medios de comunicación y testimonios en redes sociales han documentado redadas migratorias en distintos puntos de la capital del país. Más grave aún, se han reportado operativos en terminales de autobuses, una práctica expresamente prohibida en México.

Tan sólo los días 5 y 6 de mayo se denunciaron operativos con la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y agentes del Instituto Nacional de Migración, en colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Hubo reportes de operativos en colonias como Guerrero, Doctores, Tepito, La Merced, Polanco, Patriotismo e incluso en municipios conurbados como Ciudad Nezahualcóyotl.

Organizaciones de la sociedad civil, como la Red Jesuita con Migrantes y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), han advertido sobre la gravedad de estos operativos. Los describen como “profundamente militarizados”, realizados tanto en la vía pública como en domicilios particulares —que constituye el delito de allanamiento—. Además, denuncian traslados forzados a estaciones migratorias, incomunicación de las personas detenidas y la ausencia de información sobre su estatus legal o su destino.

En redes sociales también han circulado evidencias preocupantes. Un video difundido en la plataforma X por el usuario Luis Valenzuela, muestra un operativo a las afueras de la plaza comercial Antara, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En la grabación, el ciudadano que documenta los hechos denuncia intentos de intimidación por parte de los agentes, mientras lanza una acusación que resuena con fuerza: “se quejan del ICE y están igual”.

Hasta ahora, ni autoridades federales ni del gobierno capitalino han ofrecido una postura clara frente a estos señalamientos. Sin embargo, activistas advierten que estas acciones podrían responder a una lógica de “control social” ante la cercanía del Mundial de Fútbol de 2026, que tendrá a la Ciudad de México como una de sus sedes.

Este contexto vuelve aún más preocupante la situación. Diversos especialistas referidos en una nota del portal “Conexión Migrante”, han señalado que las revisiones migratorias en vía pública son inconstitucionales, al vulnerar el artículo 11 de la Constitución. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios claros: en 2022 prohibió las revisiones migratorias aleatorias y, en 2024, determinó que no se pueden exigir documentos de identidad para la compra de boletos de autobús.

Lo que está en juego no es sólo la legalidad de los operativos, sino el compromiso de México con los derechos humanos.

Resulta profundamente contradictorio exigir respeto y trato digno para nuestras y nuestros connacionales en el extranjero, mientras en nuestro propio país se reproducen prácticas de persecución y hostigamiento contra personas migrantes.

Porque la pregunta de fondo es inevitable: ¿A qué costo un Mundial de fútbol? ¿Al costo de normalizar redadas sin orden judicial? ¿De militarizar la política migratoria? ¿De vulnerar derechos fundamentales y criminalizar a quienes buscan una mejor vida?

Ningún evento internacional, por relevante que sea, puede justificar la renuncia al Estado de Derecho. Si México aspira a ser un país anfitrión ante los ojos del mundo, debe serlo también en dignidad, legalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos.

De lo contrario, el verdadero marcador no estará en la cancha, sino en nuestra conciencia como nación.

* Diputada local, presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes del H. Congreso del Estado de Morelos.