Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, presentó el pasado 17 de abril de 2026 el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029. La apuesta es ambiciosa: dejar atrás la burocracia reactiva y avanzar hacia una persecución penal inteligente, con priorización de delitos graves y un enfoque centrado en las víctimas.

El diagnóstico es correcto. México arrastra una cifra negra superior al 93 %, niveles de impunidad cercanos al 90 % y una percepción de corrupción persistente. Frente a este panorama, modernizar la investigación criminal, homologar protocolos y fortalecer la coordinación con fiscalías estatales no solo es deseable, sino urgente.

El problema no está en el diagnóstico. Está en la ausencia de compromisos verificables.

Un plan estratégico sin metas cuantificables, plazos definidos e indicadores públicos no es un plan: es una declaración de intenciones. Hasta ahora, lo presentado carece de objetivos concretos como reducir la impunidad en feminicidios en un porcentaje específico, abatir el rezago de carpetas en tiempos determinados o incrementar la judicialización de delitos prioritarios con métricas claras.

Se habla de modernización forense, atención a víctimas e inteligencia contra el crimen organizado. Incluso de reordenar el presupuesto. Pero sin un sistema de medición transparente, no hay forma de saber si hay avances reales o si todo termina diluyéndose en la inercia institucional que la propia Fiscalía reconoce.

La experiencia mexicana es contundente: sobran planes, faltan resultados.

Si la FGR y el gobierno de Claudia Sheinbaum buscan que este documento marque un punto de inflexión, deben publicar de inmediato un tablero de control con metas específicas, responsables claros, plazos definidos y mecanismos de rendición de cuentas.

Porque en política pública, lo que no se mide, no existe.

Un buen plan sin métricas no transforma instituciones. Solo administra expectativas.

La sociedad mexicana, cansada de impunidad, no necesita más diagnósticos acertados. Necesita resultados verificables.

La pelota está en la cancha de la FGR. Y esta vez, la diferencia entre discurso y transformación dependerá de algo muy simple: números reales.