Por Dr. Angel Darién Zapata Marín

Dos casos separados por más de una década —el del abogado Paulo Díez Gargari en 2015 y el de Carlos Froylán Salazar en 2026— revelan una coincidencia inquietante: la presunta fabricación de delitos desde las propias instituciones encargadas de procuración de justicia.

En el primero,^[1] tras once años de litigio, un tribunal federal ordenó que la Fiscalía General de la República repare el daño causado a Díez Gargari, al acreditarse que agentes federales sembraron un arma en su vehículo para justificar su detención. El caso se enmarca en un conflicto mayor contra Aleatica y ha sido señalado por el propio abogado como una represalia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (recordará amable lector se trató de un caso mediático en el que las imágenes de una persona sembrando un arma fueron clave para desmentir el montaje).

El segundo^[2] caso, ocurrido en Cuernavaca en abril de este año, siguió un patrón similar: el abogado Froylán Salazar fue detenido con un arma y droga supuestamente en flagrancia. Sin embargo, un video de seguridad contradice la versión oficial y evidencia que se introdujeron objetos a las pertenencias del letrado mientras era sometido. Una jueza ordenó su liberación inmediata al considerar que las pruebas fueron fabricadas (la videograbación desvirtuó lo que los primeros respondientes narraron en el informe policial homologado).

Ambos episodios comparten un elemento central: la construcción artificial de culpabilidad desde el aparato estatal, desmentida únicamente por evidencia externa como grabaciones de video. Sin estos registros (los que se grabaron por casualidad), los procesos habrían seguido su curso al presumirse la veracidad de los informes policiales.

El problema trasciende lo individual. Resulta especialmente preocupante que las instituciones responsables de investigar delitos aparezcan, en estos casos, como posibles generadoras de los mismos. Más aún, las resoluciones judiciales —aunque correctivas—no necesariamente se tradujo en sanciones directas para los agentes involucrados, evidenciando un esquema que no tiene incentivos claros que eviten la repetición de estas prácticas aberrantes.

Este contexto se vuelve aún más relevante si se observa desde una perspectiva económica global. Organismos como el Fondo Monetario Internacional han advertido que uno de los principales retos para el crecimiento sostenido es la fortaleza institucional y el Estado de derecho. Para los inversionistas, la certeza jurídica no es un concepto abstracto: implica saber que las reglas se aplican de manera predecible, que los contratos se respetan y que el sistema de justicia no será utilizado de forma discrecional o arbitraria.

En el caso mexicano, estos episodios envían señales preocupantes en un contexto de por si no favorable -cabe recordar amable lector que la llamada “reforma judicial” envió al exterior un mensaje que no termina de gustar a los inversionistas internacionales-. Esto nos desnuda como nación, porque aun cuando los tribunales corrijan estos abusos (el tribunal federal en el primer caso exigió se pagara la indemnización del letrado; y en el segundo, la jueza desechó el caso penal por la fabricación de pruebas), la persistencia de montajes y detenciones ilegales sugiere que en nuestro país no existen aún incentivos suficientes dentro del sistema para prevenirlos. El resultado es una percepción de riesgo: si la fabricación de delitos puede alcanzar incluso a abogados en ejercicio, el margen de incertidumbre para cualquiera (ciudadanos, activistas, turistas), incluidos los actores económicos —nacional o extranjero— se amplía.

La preocupación, entonces, no es solo jurídica, sino estructural. Sin un sistema de justicia confiable, la inversión se vuelve más cautelosa, el crecimiento más frágil y la gobernabilidad más compleja. Los casos de Díez Gargari y Froylán Salazar no solo exhiben abusos; plantean una pregunta de fondo: ¿puede consolidarse el desarrollo económico cuando quienes deben garantizar la legalidad son percibidos como capaces de vulnerarla?.

En Morelos, referente histórico de lucha por la justicia, ¿cómo podemos interpretarlo?, ¿qué haría hoy Emiliano Zapata frente a un poder que, en lugar de impartir justicia, la fábrica?.

^[1] Paulo Díez, representante legal de la empresa Infraiber, mantenía una disputa legal contra la empresa Aleatica (antes OHL) por presuntos actos de corrupción relacionados con el Viaducto Bicentenario en el periodo del Gobernador Enrique Peña Nieto.

^[2] El 10 de abril de 2026, el abogado Carlos Froylán acudió a un autolavado en la Calzada de los Reyes, Cuernavaca, para brindar asesoría legal tras el asesinato de un hombre en el lugar.