Emulando al expresidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum afirmó que “Sólo el pueblo puede salvar al Poder Judicial”, al señalar que el 1 de junio será el día de la democracia, ya que por primera vez se elegirán jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante voto popular.

Durante la presentación del Programa de Vivienda para el Bienestar en Manzanillo, Colima, la mandataria subrayó que este proceso electoral implicará un cambio en el sistema judicial del país, con el objetivo de eliminar prácticas de corrupción y mejorar la transparencia y responsabilidad de los tribunales. De acuerdo a Sheinbaum Pardo, el voto popular es la herramienta que permitirá transformar el Poder Judicial para que responda a los intereses de la ciudadanía.

La presidenta destacó que el 1 de junio representará un avance para la democracia mexicana, dado que no existe un precedente de un proceso similar en otro país. Afirmó que el pueblo mexicano ofrecerá un ejemplo de democracia al mundo.

Por otro lado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, denunció que algunos jueces mantenían acuerdos con grupos criminales, lo que había provocado un retraso de más de una década en la ejecución de sentencias. Explicó que, ante la solicitud de Estados Unidos, se procedió a trasladar a varios de estos criminales, incluido José Ángel “N”, alias “El Güerito”, del cártel de Sinaloa. Según García Harfuch, este traslado responde a los esfuerzos por garantizar justicia en casos de alto impacto.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) rechazó las acusaciones de García Harfuch, asegurando que no existen pruebas que respalden estas afirmaciones. La Jufed calificó estas declaraciones como un intento de desviar la atención de las presiones internacionales sobre las acciones de seguridad del gobierno federal.

La asociación subrayó que las acusaciones no deben ser usadas para deslegitimar al Poder Judicial, y destacó que la seguridad y la justicia requieren acciones que aborden las causas profundas de la violencia, no discursos que dividan o culpabilicen a los jueces. En ese sentido, instó al Ejecutivo a respetar la autonomía judicial y a centrarse en políticas públicas que fortalezcan la seguridad.