Jaime Luis Brito
El periodo ordinario de sesiones inicia en un país atravesado por una certeza incómoda: la inseguridad es un proceso nacional, multicausal, acumulado por décadas y que no puede atribuirse a un solo actor político. No es un fracaso exclusivo del Ejecutivo ni una bandera que pueda cargarse desde un estado en particular. Es un fenómeno estructural que exige corresponsabilidad, coordinación y políticas públicas sostenidas. Sin embargo, en vísperas del proceso electoral de junio, cada partido acomoda su agenda para posicionarse, diferenciarse o sobrevivir. El Congreso entra a su tercer año legislativo con dos pulsos simultáneos: lo que debe resolver y lo que cada fuerza quiere capitalizar.
El PRI abre el periodo con una postura quirúrgica frente a la reforma de pensiones: no aprobar a ciegas. No se trata de confrontación con el Ejecutivo, sino de una defensa técnica y política. El tricolor exige claridad sobre la sostenibilidad del sistema, reglas precisas sobre aportaciones y advertencias sobre los riesgos para trabajadores jóvenes y sectores informales. En un país donde la informalidad supera el 55%, discutir pensiones sin diagnóstico es irresponsable. El PRI busca colocarse como garante de certidumbre, no como obstáculo. El desafío es evitar que la discusión se convierta en un pleito electoral y mantenerla como una revisión seria del sistema de retiro.
La seguridad aparece como el eje transversal de todas las agendas. Todos los partidos reconocen que la inseguridad es un fenómeno nacional, complejo y multicausal. Nadie responsabiliza solo al Ejecutivo; todos admiten que la crisis exige corresponsabilidad. Pero cada fuerza la aborda desde un ángulo distinto. El PVEM combina seguridad con medio ambiente, Movimiento Ciudadano coloca la violencia feminicida en el centro, el PT insiste en dignificar policías y evitar la politización del tema, el PAN exige frenar la crisis en municipios vulnerables y Morena llama a cerrar filas, reconociendo que la seguridad requiere coordinación institucional, no confrontación. La coincidencia es clara: la seguridad no es un arma electoral, sino una responsabilidad compartida. El reto es convertir esa coincidencia en una agenda legislativa común con indicadores verificables y presupuesto suficiente.
Movimiento Ciudadano empuja donde más duele: la violencia feminicida. No es un tema accesorio, sino una crisis nacional que exige protocolos reales, fiscalías especializadas, presupuesto etiquetado, indicadores públicos y coordinación con municipios. MC no acusa al Ejecutivo; exige al Estado completo. Y obliga a los demás partidos a pronunciarse. El desafío es que el tema no quede atrapado en la coyuntura electoral, sino que se convierta en un eje permanente de política pública.
El PT introduce un ángulo que suele quedar fuera del debate: dignificar policías. Hablar de seguridad sin hablar de policías es hablar a medias. El partido plantea mejores salarios, capacitación, condiciones laborales dignas, protección frente al crimen y depuración institucional. No es una crítica al Ejecutivo, sino al abandono histórico de las corporaciones. El desafío es que la dignificación no se quede en discurso y que la depuración no se convierta en purga selectiva.
Nueva Alianza, por su parte, prioriza la educación. En un estado con crisis universitaria, rezagos en infraestructura y docentes precarizados, la agenda educativa es más que sectorial: es estructural. Hablar desde ahora del presupuesto 2027 es una señal de que la disputa por el futuro ya empezó. El desafío es que la educación sea un eje transversal y no una bandera partidista.
Aunque PAN y Morena difieren en tono, coinciden en lo esencial: la inseguridad es un fenómeno nacional que exige coordinación. El PAN exige frenar la crisis; Morena llama a cerrar filas. No hay acusaciones directas al Ejecutivo, sino reconocimiento de que el problema es compartido. El desafío es evitar que la seguridad se convierta en un campo de batalla electoral.
El llamado al diálogo en el tercer año legislativo es más que cortesía: es advertencia. El Congreso necesita acuerdos mínimos para evitar que el periodo se convierta en parálisis preelectoral. El diálogo será útil si permite construir una agenda común en seguridad, discutir pensiones con rigor, ordenar prioridades presupuestales y evitar que la violencia aumente en temporada electoral.
El periodo ordinario de sesiones será, en realidad, el preámbulo del proceso electoral de junio. Pero la inseguridad, las pensiones, la educación y la violencia feminicida no pueden esperar a la campaña. La agenda legislativa muestra tres certezas: la inseguridad es nacional y exige corresponsabilidad; las pensiones requieren claridad, no prisa; la educación y la violencia de género deben ser prioridad permanente. El Congreso entra a su tercer año con una responsabilidad doble: legislar sin dejarse arrastrar por la campaña y hacer campaña sin abandonar la agenda del país. Morelos —y México— no pueden darse el lujo de que la política electoral eclipse la política pública.
