Por Jazmín López
Morelos inicia un nuevo proceso electoral con una deuda que no puede ignorarse: al menos 23 casos de violencia política contra las mujeres en razón de género permanecen abiertos, de acuerdo con información difundida por Proceso. Más allá de la cifra, estos expedientes representan historias de mujeres que han enfrentado agresiones, intimidaciones, descalificaciones, obstáculos para ejercer sus cargos o participar en condiciones de igualdad.
Que un proceso electoral comience con denuncias pendientes de resolución debe ser una señal de alerta. La violencia política en razón de género no es un conflicto menor ni una disputa propia de la competencia electoral; constituye una forma de violencia que busca limitar, anular o menoscabar los derechos políticos de las mujeres precisamente por ser mujeres.
El problema no termina con la existencia de leyes que reconocen y sancionan estas conductas. México cuenta con un marco jurídico para prevenir, atender, sancionar y erradicar esta violencia. El verdadero desafío está en que las instituciones encargadas de aplicar estas normas actúen con perspectiva de género, diligencia y oportunidad.
En Morelos, los expedientes pendientes involucran a mujeres de distintos espacios políticos. Su permanencia sin una resolución definitiva puede generar una percepción de impunidad y, al mismo tiempo, enviar un mensaje profundamente preocupante a quienes aspiran a participar en la vida pública: que denunciar puede no ser suficiente para obtener justicia.
La violencia política contra las mujeres también tiene un efecto colectivo. Cada agresión que queda sin consecuencias puede convertirse en un factor de desaliento para otras mujeres que consideran participar en una elección, ocupar un cargo público o asumir un liderazgo dentro de sus comunidades. Por ello, garantizar una participación política libre de violencia no es únicamente proteger a quienes hoy denuncian; es proteger el derecho de las futuras generaciones de mujeres a participar en igualdad de condiciones.
En este contexto, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y las autoridades encargadas de investigar y sancionar estos casos tienen una responsabilidad que trasciende los tiempos administrativos. Resolver con perspectiva de género implica reconocer las condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres y evitar que los procedimientos institucionales terminen convirtiéndose en otra forma de revictimización.
El proceso electoral no puede avanzar mientras las mujeres tengan que preguntarse si participar en política significará exponerse a amenazas, campañas de desprestigio, discriminación o violencia sin encontrar una respuesta efectiva de las instituciones.
La democracia no se mide únicamente por el número de mujeres que llegan a las boletas o a los cargos públicos, sino por las condiciones en las que pueden hacerlo. Morelos tiene ante sí la oportunidad de demostrar que la participación política de las mujeres no será una concesión ni un discurso, sino un derecho garantizado.
Resolver los 23 casos pendientes no debería verse solamente como una obligación institucional. Es una condición indispensable para que el nuevo proceso electoral pueda comenzar con legitimidad, pero, sobre todo, para que ninguna mujer tenga que elegir entre ejercer sus derechos políticos y protegerse de la violencia.
Una democracia que permite la violencia contra las mujeres deja de ser plenamente democrática.
