Por Otto Alberto Pérez
El Segundo Informe exhibe un salario que recupera décadas, un homicidio que se parte a la mitad y una inflación dentro del corredor de Banxico. La estadística no desmiente esos tres dígitos: demuestra que, juntos, no describen el país que gobierna Claudia Sheinbaum.
El 1 de septiembre, en el Patio de Honor, la Presidenta ofreció una aritmética virtuosa. Desde 2019, dijo, los trabajadores viven una “primavera laboral”. Desde que ella llegó, el homicidio doloso cayó 51 por ciento: de 86.9 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026. La inflación, afirmó, “va a la baja”.
Tres afirmaciones, tres soportes. El salario mínimo pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 582 en 2026: 154 por ciento real. El promedio formal tocó 20 mil 212 pesos. La pobreza laboral está, según el recorte que usa Palacio, en su mínimo desde 2005. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la primera quincena de agosto —el último publicado al día del Informe— marcó 3.26 por ciento anual, debajo del 3.49 de un año antes.
El problema no es la cifra. Es la operación.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de julio registró 34.1 millones de ocupados en informalidad: 56.2 por ciento. Más de la mitad trabaja sin el paquete de derechos que la “primavera” presume. El discurso no lo nombró. El salario de 20 mil pesos es el del cotizante; el informal gana cerca de la mitad. Sesenta millones de ocupados y 2.7 por ciento de desocupación caben en la misma foto que una economía donde el empleo que crece no es, de manera estable, el que protege.
La inflación ilustra el mismo corte. “Va a la baja” se sostiene en doce meses. No en quince días: el INPC rebotó de 3.14 a 3.26 por ciento. La subyacente —renta, servicios, lo que no depende del milagro de una cosecha— sigue en 3.93. El gobierno vende tendencia. El último dato vende pausa.
En seguridad, el Gabinete —Trevilla, Morales, García Harfuch, Rodríguez, Alcalde— recibió el crédito del 51 por ciento. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) lo respalda. Siete estados, sin embargo, concentran el 49 por ciento de los homicidios de enero a julio. El promedio nacional aplana Guanajuato, Sinaloa, Guerrero.
Los delitos de alto impacto bajan 54 por ciento si el espejo es 2018 y 33 por ciento si el espejo es el propio sexenio. El Informe usó los dos relojes. El feminicidio, en el mismo semestre, apenas cedió 7.7 por ciento: 380 víctimas, 1.8 al día. La extorsión quedó casi plana —6 mil 702 denuncias, unas 32 diarias— después de subir 2.3 por ciento en 2025. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) estima que 97 de cada 100 extorsiones no llegan al Ministerio Público.
El homicidio que no aparece no entra en los 42.5 de julio. Entra al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). El stock ronda 132 a 134 mil personas aún ausentes. En diecisiete meses se reportaron 50 mil 26 desapariciones: 91 al día, ritmo superior al de Calderón, Peña y López Obrador. Julio, el mes del homicidio más bajo en once años, cerró con mil 70 reportes. El discurso oral no abrió ese expediente. El tomo escrito lo despachó.
La tesis es institucional, no moral. El Informe selecciona los indicadores que el Ejecutivo puede exhibir —mínimo legal, carpeta de homicidio, INPC general— y deja fuera los que miden desprotección: informalidad, cifra negra, cuerpos sin nombre. No es un error de comunicación. Es una doctrina de rendición de cuentas: gobernar el promedio y administrar el residuo.
Claudia Sheinbaum no inventó el salario ni fabricó la caída del homicidio. Inventó la igualdad entre ese recorte y la condición general del trabajo y de la paz. Dos más dos da cuatro cuando se acepta el cuarto número. Mientras el Estado cuente solo a quien cotiza y a quien yace con acta, el Informe seguirá cerrando en cinco.
