Por Dr. Ángel Darién Zapata Marín
Existe un viejo refrán que pocas veces pierde vigencia: «cuando el río suena, es porque agua lleva». No significa que toda acusación sea verdadera, pero sí que cuando distintas voces, provenientes incluso de lugares distintos, coinciden en señalar un mismo problema, lo mínimo que corresponde es investigar y transparentar.
Eso ocurre hoy con el Ayuntamiento de Cuernavaca.
No es un secreto para quienes habitan esta ciudad que durante varios meses la capital mostró un evidente abandono. Los baches se multiplicaron, las áreas verdes permanecieron sin mantenimiento, la señalización urbana fue insuficiente y la obra pública prácticamente desapareció del paisaje cotidiano. A ello se sumó una creciente percepción de inseguridad alimentada por diversos hechos delictivos ampliamente documentados por los medios de comunicación.
Sería injusto desconocer que en fechas recientes se observa una mayor presencia de elementos de distintas corporaciones policiacas. Ese esfuerzo debe reconocerse, sin embargo, también es cierto que el problema persiste y que aún queda mucho por hacer para devolver tranquilidad a los habitantes de la ciudad.
Algo similar ocurre con la obra pública. Después de meses de inactividad, de pronto comenzaron a aparecer trabajos en distintos puntos de Cuernavaca. Calles abiertas y maquinaria pesada -sin una adecuada señalización, por cierto– comenzaron a multiplicarse precisamente cuando el calendario político empieza a acercarse a las elecciones de 2027.
Naturalmente, ello genera suspicacias y esa desconfianza no surge por generación espontánea. Desde hace meses diversos integrantes del propio Cabildo han denunciado públicamente irregularidades relacionadas con el manejo de la administración municipal. Entre los señalamientos destacan el presunto bloqueo de información en materia de obra pública, la falta de acceso a expedientes relativos a contratos y licitaciones, así como cuestionamientos sobre el manejo del presupuesto.
No se trata de afirmaciones hechas por actores ajenos al Ayuntamiento son denuncias provenientes de integrantes del propio órgano de gobierno municipal, circunstancia que inevitablemente merece atención.
Basta revisar los principales diarios del Estado para encontrar esas declaraciones. El presidente municipal ha rechazado los señalamientos y los ha atribuido a un supuesto golpeteo político. Esa explicación podría ser suficiente si no fuera porque, paralelamente, comienzan a presentarse hechos que alimentan las dudas de la ciudadanía.
Un ejemplo basta. En días recientes iniciaron diversas obras de mejoramiento urbano en colonias como Delicias y Ampliación Vista Hermosa. A primera vista cualquiera podría exclamar: «¡por fin hay obra pública!». Sin embargo, al acercarse a uno de esos proyectos, concretamente el que se desarrolla en la calle Alicia, ubicada en Ampliación Vista Hermosa, detrás del Hospital San Diego, comienzan a surgir interrogantes que hasta ahora permanecen sin respuesta.
Maquinaria pesada abrió una zanja para la instalación de infraestructura de drenaje. El problema, según afirman diversos vecinos del lugar, es que en esa zona no existe una red de drenaje sanitario a la cual pudiera conectarse esa nueva tubería, pues sobre la avenida San Diego no habría colector que reciba las descargas. Si ello fuera cierto —y precisamente por eso resulta indispensable que la autoridad informe con claridad— surgiría una pregunta elemental: ¿hacia dónde conducirán las aguas negras que pretende captar esa obra?
No es una duda menor. Estamos hablando de recursos públicos cuyo monto ni siquiera ha sido informado a los habitantes directamente afectados. Tampoco se conoce públicamente qué empresa ejecuta los trabajos, bajo qué procedimiento fue contratada, quién autorizó la obra o cuál es el proyecto ejecutivo que la respalda.
Lo más preocupante es que, de acuerdo con diversos vecinos, ninguno de ellos fue consultado previamente ni recibió información suficiente sobre los alcances del proyecto. Ante la inconformidad ciudadana, personal del Ayuntamiento acudió al lugar para dialogar con los colonos, pues se detuvo la obra –existen grabaciones de esa reunión-.
Según relatan los propios asistentes, los funcionarios manifestaron disposición para escuchar a los vecinos; sin embargo, no presentaron planos, estudios técnicos, contratos, permisos ni documento alguno que permitiera despejar las dudas existentes. Más aún, durante esa reunión —afirman los vecinos— los propios representantes municipales habrían reconocido desconocer si efectivamente existía una salida de drenaje en esa zona, razón por la cual señalaron que sería necesaria la intervención del SAPAC para aclarar el punto. Personal de dicho organismo, sin embargo, nunca acudió a dialogar con los habitantes -también es otro organismo que se maneja con una preocupante opacidad-.
En ese contexto amable lector, la preocupación ciudadana resulta perfectamente comprensible, de modo que la discusión deja de ser política para convertirse en un asunto de transparencia, porque más allá de las declaraciones del alcalde sobre presuntos ataques políticos, la verdadera pregunta es otra: ¿Existe realmente transparencia en la gestión municipal?
La interrogante cobra mayor fuerza cuando se recuerdan otros episodios recientes. Ahí está el caso de la calle San Prisca y la vialidad (La rivera) ubicada junto al edificio del Poder Judicial de la Federación, sobre Boulevard del Lago -se escribió en una colaboración previa sobre este asunto-. La ciudadanía conoció, prácticamente de un día para otro, que la calle San Prisca había pasado inexplicablemente a manos de particulares. El asunto, por su puesto generó una intensa polémica precisamente porque muchos ciudadanos afirmaron nunca haber sido informados de un procedimiento de tal relevancia.
En contraste, cuando el municipio incorporó la calle La Rivera a su patrimonio, la noticia fue ampliamente difundida como un logro de la administración -calle que se encontraba en perfectas condiciones, gracias a que dicha vialidad no estaba a cargo del municipio sino a las gestiones y presupuesto del Poder Judicial Federal-.
La diferencia resulta inevitablemente llamativa. Cuando una decisión favorece la narrativa gubernamental se comunica ampliamente; cuando genera cuestionamientos, la información escasea como en el caso de calle Alicia. Por ello vuelven las preguntas. ¿Por qué los vecinos desconocen quién autorizó la obra?, ¿Por qué no se conoce públicamente el monto de la inversión?, ¿Por qué no se ha informado qué empresa ejecuta los trabajos?, ¿Por qué quienes viven en el lugar afirman que ellos no solicitaron esa intervención?. Responder esas preguntas debería ser sencillo si toda la información fuera pública y accesible, porque la transparencia no consiste únicamente en negar acusaciones. La transparencia consiste en abrir expedientes, mostrar contratos, exhibir proyectos ejecutivos, explicar decisiones y permitir que los ciudadanos conozcan en qué se gastan los recursos públicos, el que nada debe nada teme.
En este contexto cobran especial relevancia las denuncias realizadas por integrantes del propio Cabildo en diversos medios noticiosos, quienes refieren que existe un bloqueo sistemático de información relacionada con obra pública, contratos, licitaciones y adquisiciones municipales, señalando que diversas dependencias se han negado a proporcionar la documentación solicitada, por los propios integrantes de ese ayuntamiento. Quizá todo tenga una explicación técnica y administrativa. Pero mientras la información continúe siendo insuficiente, las dudas seguirán creciendo, porque en un buen gobierno existe una regla tan antigua como el propio servicio público: la confianza no se exige, se construye. Y mientras esa transparencia no llegue, seguirá resonando el viejo refrán popular: Cuando el río suena es porque agua lleva.
