FÉRREA DEFENSA DEL ALCALDE AL PROYECTO ALTOVERDE

Por Daniel Alcaraz

La defensa más férrea del proyecto Altoverde no provino de la empresa Portenta, tampoco de algún despacho de arquitectos o de los promotores inmobiliarios interesados en urbanizar uno de los últimos espacios naturales de Cuernavaca.

Vino del propio alcalde José Luis Urióstegui Salgado, en una entrevista realizada ayer en el museo de la ciudad.

Mientras miles de ciudadanos esperan que las autoridades actúen como garantes del interés público, el presidente municipal decidió asumir el papel de defensor anticipado del desarrollo inmobiliario.

Su argumento es tan simple como preocupante. El predio es propiedad privada y sus dueños tienen derecho a solicitar el uso de suelo que consideren conveniente.

Nadie discute el derecho de propiedad. Lo que está en debate es si el interés económico de un grupo empresarial debe imponerse sobre el interés ambiental, urbano y social de toda una ciudad.

Justamente para eso existen las autoridades, para equilibrar derechos y proteger bienes colectivos, no para fungir como gestores de negocios privados.

Más grave aún resulta que, sin existir todavía una Manifestación de Impacto Ambiental aprobada y sin haberse emitido el dictamen correspondiente del Comité de Ordenamiento Ecológico de Cuernavaca, el alcalde ya comenzó a desacreditar los argumentos de quienes se oponen al proyecto.

Los ambientalistas sostienen que se trata de uno de los últimos relictos de selva baja caducifolia dentro de la ciudad. Urióstegui responde que eso es falso porque existen otros espacios similares hacia la zona poniente.

Bajo ese razonamiento podría destruirse cualquier área verde siempre que exista otra parecida en algún punto del municipio.

Es la misma visión que durante décadas ha ido desapareciendo barrancas, bosques, manantiales y espacios naturales bajo la premisa de que todavía queda algo más por destruir.

Lo que debería preocupar a los ciudadanos no es solamente el destino de ese predio, sino además la actitud de la autoridad, porque antes de analizar los estudios técnicos ya emitió una opinión favorable al proyecto, antes de escuchar a la sociedad ya minimizó sus preocupaciones, antes de resolver formalmente ya parece haber tomado partido.

Eso explica por qué crece la percepción de que las instituciones están buscando la forma de autorizar Altoverde y no la forma de determinar objetivamente si cumple o no con la ley.

La propia Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal reconoció previamente que el proyecto presenta inconsistencias y carece de autorizaciones fundamentales. Sin embargo, cada declaración posterior parece encaminada a construir el camino político que permita otorgar los permisos pendientes.

Si los estudios todavía no concluyen, ¿por qué tanta prisa por defender el proyecto?

Si los dictámenes aún no existen, ¿por qué desacreditar desde ahora a quienes se oponen?

Si el procedimiento sigue abierto, ¿por qué actuar como abogado de la inmobiliaria y no como representante de los ciudadanos?

En los círculos políticos y empresariales de Cuernavaca circulan desde hace tiempo versiones sobre vínculos y relaciones de interés alrededor del proyecto, así como los vínculos que Urióstegui Salgado mantiene con Grupo Portenta, en donde incluso su media hermana participa en uno de los desarrollos ubicado en el antiguo hotel Jacarandas.

Lo que sí está acreditado es que cada vez son más las instituciones académicas, especialistas ambientales, organizaciones civiles y vecinos que rechazan Altoverde. Cada vez son más los ciudadanos que entienden que este conflicto ya dejó de tratarse exclusivamente de árboles.

Ahora se trata de quién gobierna realmente la ciudad, si gobiernan los ciudadanos o gobiernan los desarrolladores, si las decisiones se toman en función del interés colectivo o del interés económico o si gobierna realmente el tutor, protector y financiador del alcalde, el notario número dos, Hugo Salgado Castañeda, otro férreo defensor del proyecto inmobiliario en cuestión.

A estas alturas resulta evidente que, si Altoverde termina construyéndose, no será porque se haya convencido a la sociedad, sino porque quienes tienen la obligación de defenderla decidieron ignorarla.