Por Otto Alberto Pérez

Morena ha subordinado el calendario electoral legal a sus propios tiempos internos. El partido selecciona a sus aspirantes a alcaldías mediante encuestas de reconocimiento que miden popularidad del nombre e imagen proyectada, no desempeño legislativo, capacidad técnica ni cumplimiento del mandato representativo. Esta regla de decisión interna, aplicada ya en procesos anteriores en otras entidades, obliga a los legisladores federales a abandonar el Congreso para construir visibilidad territorial con meses de anticipación.

El resultado es una desbandada documentada. En junio de 2026, al menos once legisladores federales de Morena y sus aliados solicitaron licencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para participar en los procesos internos rumbo a 2027. El caso de Morelos resulta especialmente revelador.

Según el Sistema de Información Legislativa, el diputado federal Cuauhtémoc Blanco no ha presentado ninguna iniciativa propia en lo que va de la LXVI Legislatura. Su escaño plurinominal opera como resguardo político más que como espacio de trabajo parlamentario. El diputado Agustín Alonso Gutiérrez registra apenas dos iniciativas; Juan Ángel Flores Bustamante acumula cuatro; Sandra Anaya Villegas y el senador Víctor Mercado alcanzan cinco propuestas cada uno. Ninguna de estas iniciativas ha sido aprobada. El balance legislativo del bloque morelense es, en la práctica, nulo.

Esta parálisis responde a un incentivo estructural. Para mejorar su posición en las encuestas internas, los legisladores deben realizar eventos públicos, asambleas y actos de presencia que funcionan como precampañas encubiertas bajo la figura de “coordinadores territoriales”. El eufemismo permite eludir las sanciones por actos anticipados de campaña mientras saturan el espacio público. La curul federal se convierte así en un simple cuarto de espera para la siguiente boleta municipal.

El abandono es también territorial. Legisladores electos por los distritos de Jojutla y Yautepec han concentrado su operación política en Cuernavaca, el premio de mayor valor en la geografía morelense. Dejan atrás a los electores que les dieron el triunfo para disputar el control de la capital del estado. El cálculo es patrimonial: el escaño federal vale menos que la posibilidad de administrar un municipio.

Esta dinámica no solo reduce la productividad del Congreso. Degrada el principio mismo de la representación. Los legisladores federales de Morena que fueron electos para defender distritos específicos ante la Cámara de Diputados y el Senado han decidido que su posición en las encuestas internas del partido vale más que el mandato que recibieron de los ciudadanos.

El discurso de “escuchar y acompañar al pueblo” se vuelve insostenible cuando quienes lo pronuncian abandonan sus curules, descuidan sus comisiones y desertan los territorios que juraron representar para medirse en sondeos partidistas con miras a una alcaldía. Lo que está ocurriendo no es ambición individual aislada: es la normalización de un modelo en el que el escaño federal funciona como plataforma desechable y el vínculo con los electores se subordina a la lógica de grupo.

Cuando quien fue electo para legislar y fiscalizar prefiere convertirse en aspirante municipal, la representación deja de ser un ejercicio de poder delegado por la ciudadanía y se convierte en un instrumento al servicio de la carrera personal dentro del partido.