Por Equipo #En Resumen

Morena echó mano de la red operativa de Financiera para el Bienestar para canalizar recursos millonarios etiquetados como ayuda social.

El movimiento se efectuó a través de un contrato que se mantuvo activo hasta el 28 de junio de 2024, es decir, varias semanas después de los comicios presidenciales que dieron el triunfo a Claudia Sheinbaum.

Este esquema de pagos nunca fue informado al Instituto Nacional Electoral, y una revisión auditora posterior halló anomalías en el cobro de comisiones, devoluciones de dinero por montos considerables y la ausencia total de mecanismos para prevenir el lavado de activos.

Un exintegrante del Consejo General del INE equiparó estas transferencias con el escándalo del Monexgate, ocurrido en la elección de 2012.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por Mario Delgado, utilizó la infraestructura de Financiera para el Bienestar (Finabien) para realizar hasta 252 mil pagos etiquetados como “apoyos sociales”, según documentos oficiales obtenidos.

Este esquema, que involucró un desembolso millonario, operó al margen de las leyes electorales y los estatutos internos del partido, los cuales no contemplan la entrega de este tipo de beneficios como una atribución partidista, lo que constituiría una ilegalidad.

El contrato, firmado el 1 de junio de 2022, fue modificado para extender su vigencia más allá del año inicial y no se dio por concluido sino hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de los comicios federales, según la clave DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022, aunque una auditoría interna lo identificó posteriormente con el número DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/44/2025.

Millones en comisiones y reintegros sin rendición de cuentas al INE

La organización MCCI verificó que Morena no reportó este contrato al Instituto Nacional Electoral en sus informes de rendición de cuentas del periodo 2022 a 2024, y tampoco se especificó en los informes financieros la partida presupuestal de origen ni el monto total de los apoyos. Sin embargo, reportes internos revelan que el partido pagó 3 millones 520 mil pesos únicamente por comisiones a Finabien, las cuales cobró 12 pesos más IVA por cada una de las 252 mil 901 remesas nacionales programadas, con constancia en las facturas A987442, A981690 y A987691.

la investigación señala que una auditoría interna de Finabien, realizada en 2025, detectó que el importe facturado no correspondía con las operaciones realmente efectuadas, ya que de los giros contratados solo se ejecutaron 140 mil 878, lo que motivó el reintegro de 1.6 millones de pesos a Morena por comisiones no utilizadas.

El documento oficial detalla que el concepto del contrato fue precisamente “para la prestación del servicio de pago de apoyos sociales”, aunque no precisa el monto de cada transferencia, las cuales comenzaron a dispersarse a partir del 5 de julio, sin señalar el año exacto entre los tres de vigencia.

Con un cálculo conservador de 100 pesos por operación, el desembolso total sería millonario, y la falta de reporte a las autoridades electorales evidencia una opacidad total, mientras que Morena no respondió al cuestionario enviado por MCCI.

Omisión de controles antilavado y comparación con el caso Monex

MCCI señala que la auditoría interna, emitida en diciembre de 2025, también reveló graves omisiones en materia de prevención de lavado de dinero, pues no se implementó ningún protocolo para atender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

A pesar de que desde enero de 2023 la gerencia comercial solicitó un análisis del contrato a la Subdirección de Seguridad, Investigación y Sistemas de Protección, y esta emitió un oficio con los lineamientos normativos, el área fiscalizada no presentó evidencia de haber cumplido con las medidas requeridas, según consta en el reporte de cierre de auditoría del 18 de diciembre de 2025.

Expertos consultados por MCCI, incluido un ex consejero electoral, coincidieron en que los partidos no tienen facultades para dispersar apoyos sociales y recordaron que este tipo de operaciones, como el caso Monex de 2012, pueden configurar irregularidades graves sin que necesariamente se acredite la compra de votos.

La coalición Sigamos Haciendo Historia declaró al INE cerca de 33 mil operaciones por recursos de mil 31 millones de pesos en 2024, una cifra muy inferior a los más de 250 mil pagos gestionados con Finabien, lo que subraya que esta megaoperación no fue reportada en los informes del proceso electoral de ese año ni en los de 2022 y 2023.