Por Otto Alberto Pérez
La inauguración del Mundial 2026 expuso, con crudeza, las prioridades del Estado mexicano. Mientras miles de aficionados celebraban dentro del Estadio Ciudad de México, en las inmediaciones cientos de policÃas impedÃan el paso a las madres buscadoras que intentaban llegar hasta las inmediaciones del recinto. El operativo no solo garantizó el libre tránsito del espectáculo; también bloqueó la visibilidad de quienes exigen justicia por más de 133 mil personas desaparecidas en el paÃs.
El contraste no fue casual. El gobierno federal desplegó un amplio dispositivo de seguridad para proteger un evento deportivo de alcance global, mientras que la misma capacidad institucional sigue sin resolver la crisis forense y de búsqueda que afecta a decenas de miles de familias. En Morelos, el caso de las fosas de Jojutla ilustra con claridad esta asimetrÃa: tras nueve años de trabajos, las autoridades exhumaron cerca de 400 cuerpos y solo lograron identificar a dos. La degradación de los restos, tolerada durante años por las fiscalÃas, ha convertido la identificación en una tarea casi imposible.
Este rezago no es una anomalÃa local. Es el resultado de un sistema que, de manera sostenida, ha transferido a los colectivos ciudadanos las responsabilidades que corresponden al Estado: excavar, buscar, identificar y documentar. Mientras las familias asumen estas tareas, las carpetas de investigación contra los responsables de las inhumaciones clandestinas permanecen prácticamente inexistentes.
La respuesta institucional ante la protesta del 11 de junio reveló una estrategia de contención más que de diálogo. La SecretarÃa de Gobernación anunció una investigación sobre el origen de los recursos que permitieron la movilización de algunos grupos de madres buscadoras. Aunque se expresó solidaridad verbal, la medida tuvo el efecto práctico de desplazar el foco del escrutinio hacia las vÃctimas y sus formas de organización. Al mismo tiempo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México planteó la necesidad de “armonizar†el derecho a la protesta con el derecho al esparcimiento de los aficionados, legitimando asà la barrera policial que impidió el avance de los manifestantes.
Esta lógica de contención se complementa con una depuración estadÃstica que reduce visiblemente el universo de casos activos. Al reclasificar expedientes y minimizar el rezago acumulado en las morgues, el Estado construye una narrativa de avance institucional que choca con la realidad que viven las familias: miles de restos sin identificar y una capacidad forense insuficiente para procesarlos.
Garantizar la seguridad de un evento masivo es una obligación legÃtima de cualquier gobierno. Sin embargo, cuando esa seguridad se instrumenta para impedir que las vÃctimas de una crisis humanitaria de larga data se hagan visibles frente a una audiencia internacional, el mensaje polÃtico es inequÃvoco: la imagen del paÃs ante el mundo tiene prioridad sobre la justicia para sus ciudadanos.
El oficialismo erosiona su propio capital polÃtico al replicar, ahora desde el poder, las prácticas de contención que históricamente criticó. Al atrincherarse frente a las madres buscadoras y cuestionar su legitimidad en lugar de responder con resultados en materia de búsqueda e identificación, el gobierno cierra los espacios de diálogo y refuerza la percepción de que la impunidad sigue siendo la respuesta institucional ante la tragedia de las desapariciones.
La celebración mundialista no logró ocultar la fractura. Las vallas policiales que protegieron el estadio también expusieron la debilidad de un Estado que, ante el reclamo sostenido de las fosas clandestinas, sigue optando por subir el volumen de la fiesta antes que asumir el costo polÃtico de su propia ineficacia.
