POR DR. ÃNGEL DARIÉN ZAPATA MARÃN
Como se anticipó en un artÃculo previo, la captura de Maduro provocó un sismo polÃtico cuyas ondas expansivas aún no terminan de sentirse, pues más allá de los debates jurÃdicos y diplomáticos, rompió inercias históricas y cimbró los cimientos del orden polÃtico regional reconfigurando el equilibrio del poder en el continente el cual aún están en pleno proceso de transformación.
Este episodio no puede leerse de manera aislada. Representa un mensaje sobre la capacidad de intervención y presión de Estados Unidos en su área de influencia, el cual obligó a los paÃses de América Latina, incluido México, a replantear su posición frente a una realidad geopolÃtica que ya no admite cómodas ambigüedades. La polÃtica internacional, como la nacional, rara vez opera por casualidad.
México, por su peso regional y su cercanÃa estratégica con la potencia norteamericana, no puede sustraerse de este contexto, por ello llama la atención las recientes decisiones polÃticas internas que, vistas en conjunto, sugieren un reordenamiento más profundo.
La renuncia del senador Adán Augusto López Hernández a la Junta de Coordinación PolÃtica del Senado, si bien se inscribe formalmente en una estrategia electoral del partido gobernante, no deja de ser significativa. En polÃtica, como es sabido, las coincidencias suelen ser solo aparentes. Este movimiento puede interpretarse como una pieza más dentro de un tablero que se está reacomodando, en un momento donde las definiciones internas comienzan a alinearse con presiones y escenarios externos.
A esto se suma el envÃo de otra “remesa†de figuras del crimen organizado hacia la nación norteamericana, asà como la suspensión del envÃo de crudo a Cuba y las declaraciones de polÃticos estadounidenses que ya analizan escenarios de transición polÃtica en la isla, aún bajo el mando de Miguel DÃaz-Canel. Todo ello refuerza la idea de que estamos frente a una estrategia regional más amplia, donde economÃa, seguridad y polÃtica exterior se entrelazan. Nada de esto ocurre sin antecedentes ni sin cálculo. Los dÃas y meses subsecuentes irán revelando cómo se acomodan las fichas y quiénes resultan beneficiados o desplazados en este nuevo equilibrio.
Mientras los reflectores se concentran en los grandes movimientos del poder global y nacional, la realidad local sigue golpeando con fuerza. En Cuernavaca, la violencia no cede. A pesar de los esfuerzos visibles del Estado mediante la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en las calles, los hechos recientes —asesinatos de policÃas en funciones, robos, daños a la propiedad y un clima generalizado de inseguridad— dibujan un escenario que recuerda, para muchos ciudadanos, a un “salvaje oeste†contemporáneo. Grupos criminales parecen disputar territorios que se resisten a perder, mientras las autoridades enfrentan una lucha compleja por recuperar el control efectivo del espacio público y garantizar la seguridad que constitucionalmente les corresponde brindar. El contraste entre los discursos de pacificación y la experiencia cotidiana de la ciudadanÃa es cada vez más evidente.
En medio de este panorama, la vida continúa. Pronto llegarán los tamales, a costa de alguien más por haber encontrado al niño Dios en la Rosca de Reyes, o por el gusto de celebrar nuestras tradiciones. Es en estos momentos donde se hace más visible el profundo contraste social: mientras algunos celebran, otros intentan reconstruir lo perdido o lloran a sus muertos.
La normalidad avanza de forma desigual. Para unos, la crisis es una nota más en el periódico; para otros, es una herida abierta que condiciona cada aspecto de su vida cotidiana. Otro ejemplo de esta desigualdad estructural se encuentra en el sistema de gestión y aprobación de pensiones en el estado de Morelos, pues diversos artÃculos periodÃsticos han evidenciado que este sistema se ha convertido en un verdadero viacrucis para los trabajadores de a pie, quienes con frecuencia deben recurrir al juicio de amparo para lograr que sus pensiones sean tramitadas.
En contraste, existen casos de servidores públicos que, sin cumplir cabalmente con la edad o los requisitos legales (incluso hubo un pronunciamiento reciente de la nueva SCJN respecto de las “jubilaciones doradasâ€), han accedido a pensiones de manera rápida y sin mayores obstáculos. Esta disparidad ha alimentado la percepción de un sistema que premia las conexiones y castiga al trabajador común.
Ante ello, cada vez más voces plantean la necesidad de una reforma estructural que otorgue certidumbre, establezca reglas claras y limite los excesos. Sin embargo, el debate no está exento de resistencias, particularmente en un contexto de fragilidad económica y presión sobre las finanzas públicas (al respecto cabe recordar la falta de pago en las percepciones de diversos trabajadores tanto del Poder Judicial Local, como en trabajadores de confianza del Congreso del Estado, entre otros -jubilados de otros sectores-).
La polÃtica, tanto en el ámbito internacional como en el local, rara vez ofrece respuestas inmediatas. Los procesos que hoy observamos son apenas el inicio de transformaciones más profundas. El tiempo será el encargado de revelar si las decisiones actuales responden a una visión de largo plazo o si simplemente profundizan las desigualdades existentes.
Por ahora, lo único cierto es que el mundo se está moviendo, y sus efectos, tarde o temprano, alcanzan todos los rincones: desde los grandes salones del poder hasta las calles de nuestras ciudades.
