POR DR. ÃNGEL DARIÉN ZAPATA MARÃN
Esta semana, a nivel mundial destacan la intensificación de tensiones geopolÃticas (ataques en Ucrania, medidas de EE.UU. sobre migración y espacio aéreo en Venezuela) y un trágico incendio en Hong Kong. En México, un cambio institucional clave en la FiscalÃa General derivado de una sospechosa renuncia del Fiscal General, los movimientos sociales en Michoacán derivados del asesinato del alcalde de Uruapan y el escándalo en torno al concurso de belleza miss universo -tanto por la forma como algunos afirman se ganó ilegÃtimamente el concurso, como el perfil de los propietarios de esa institución privada-, reflejan tanto la fragilidad polÃtica como los retos sociales que dominan la agenda global y nacional.
Entre todas estas noticias, la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobando el proyecto impulsado por la ministra Lenia Batres para permitir la revisión de sentencias firmes bajo la figura de “cosa juzgada fraudulentaâ€, no pareciera tan relevante frente a las noticias que han salido en estos dÃas, sin embargo lo que se ha intentado promover como un criterio innovador de justicia reforzada; en realidad, es una grieta seria en el principio de cosa juzgada y en la seguridad jurÃdica del paÃs, lo que no es un aspecto menor frente al escenario nacional e internacional de incertidumbre que existe, pues no generan confianza en los inversionistas en un escenario donde el fantasma del estancamiento económico se cierne sobre nuestro paÃs.
En México, la certeza jurÃdica ha sido históricamente un ancla en medio del oleaje polÃtico y económico. Una sentencia firme, refrendada por todas las instancias, representaba el final del conflicto y el inicio de la estabilidad. Pero la reciente resolución de la Corte ha puesto esa estabilidad en entredicho.
Paradójicamente, el caso que detonó este giro no fue uno de injusticia social, despojo agrario, vulnerabilidad histórica, o derivado de una decisión internacional en materia de derechos humanos por violaciones graves al estado de derecho de todo un paÃs. No. Fue un conflicto entre actores privados con intereses económicos multimillonarios. Es decir, un pleito entre quienes cuentan con recursos para llevar un juicio hasta las últimas consecuencias… quienes después pueden intentar reabrirlo.
Desde ese origen, la figura extraordinaria que pretende combatir el “fraude procesal†parece menos un instrumento de justicia social que una herramienta que podrÃa terminar siendo utilizada como palanca de poder económico para reabrir litigios que ya estaban cerrados.
La cosa juzgada no es un capricho del formalismo jurÃdico: es el pilar que permite que las relacionesciviles y mercantiles funcionen. Sin ella, los contratos pierden estabilidad, los juicios no terminan, el riesgo jurÃdico se dispara y la inversión —grande o pequeña— enfrenta un paisaje incierto, donde una sentencia firme puede convertirse en un castillo de arena sujeto a los vaivenes polÃticos y económicos que caracterizan los litigios de alto perfil.
Un paÃs sin cosa juzgada sólida es un paÃs sin seguridad jurÃdica. Y un paÃs sin seguridad jurÃdica es un paÃs sin estabilidad económica.
La Corte argumenta que se trata de combatir el fraude procesal, pero en la práctica la figura podrÃa convertirse en un arma de doble filo. En el mundo del litigio mercantil, acusar fraude es un recurso habitual: ahora, esa acusación podrÃa funcionar como llave para desenterrar casos que ya habÃan quedado resueltos. Y cuando un sistema judicial deja abierta la posibilidad de discutir de nuevo lo ya decidido, el incentivo para el litigio eterno crece proporcionalmente al tamaño del capital en juego.
La cosa juzgada no es solo un principio técnico. Es un acuerdo social: lo que se resolvió, se respeta. Sin ella, los juicios se convierten en cÃrculos interminables, la confianza en las instituciones se debilita y la vida civil —desde contratos hasta inversiones— queda atrapada en un terreno de incertidumbre.
El desafÃo ahora es mayúsculo porque existe el riesgo real que en los litigios económicos de alto nivel se transformen en un campo donde la fuerza del dinero, las relaciones y conexiones -como algunos aducen ocurrió en el caso de miss universo, y que incluso otros consideran fue la causa que motivó el movimiento del fiscal general- tenga más influencia que la fuerza de la ley.
En un paÃs donde la estabilidad social y económica penden siempre de la confianza en las reglas, abrir la puerta para revisar sentencias firmes no es solo una decisión jurÃdica: es una apuesta que puede redefinir el equilibrio mismo de la justicia.
El riesgo es evidente: si lo excepcional se normaliza, la certeza jurÃdica se diluye y los conflictos privados se vuelven interminables. Para un paÃs ya saturado de litigios, la inseguridad jurÃdica no es sólo una abstracción doctrinal generada por abogados: es un golpe directo a la confianza institucional y a la estabilidad social.
Por ello los aspectos que atañen a la cosa juzgada constituyen un terremoto potencial. Y el paÃs ya tiene suficientes temblores.
