Por Carolina Ruíz Rodríguez *

La migración ha acompañado el proceso evolutivo del ser humano. En sus orígenes, fuimos nómadas; es decir, carecíamos de un lugar estable para vivir. Con múltiples transformaciones, el mundo moderno no ha logrado contener los flujos migratorios, aunque estos sí han cambiado de forma significativa.

Hoy, en un contexto global donde cada vez más países endurecen sus políticas antiinmigrantes, blindan sus fronteras y criminalizan a quienes se encuentran en condición irregular, migrar se ha convertido en una decisión de alto riesgo. No solo está en juego la vida de quien emprende el trayecto, sino también la de sus familias, muchas veces integradas por niñas, niños y adolescentes.

En este escenario, cobra especial relevancia la reciente presentación el pasado 28 de abril, de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este trabajo permite reconstruir las trayectorias de vida de la población de entre 18 y 64 años en México, ofreciendo una visión integral de los cambios en residencia, educación, empleo, familia y condiciones de vida.

Uno de los hallazgos más relevantes está relacionado con la migración. Lejos de lo que podría suponerse en un contexto de crisis económica, violencia y desigualdad, los datos muestran una disminución en la migración en nuestro país durante las primeras etapas de vida. Entre las generaciones nacidas entre 1961 y 1967 y aquellas nacidas entre 1998 y 2007, el porcentaje de personas que migraron antes de los 18 años pasó de 21.3% a 14.4%.

Este cambio no es menor. Nos habla de una transformación en los patrones de independencia de las y los jóvenes mexicanos. Hoy, las nuevas generaciones tardan más en dejar el hogar familiar, en formar una pareja y en tener hijas o hijos. Además, migran menos y permanecen más tiempo en el sistema educativo.

Sin embargo, esta aparente estabilidad no necesariamente implica mejores condiciones de vida. Por el contrario, revela un fenómeno más complejo: la migración ya no es una opción inmediata, sino una decisión cada vez más condicionada por factores estructurales como la precariedad laboral, la falta de oportunidades y las limitaciones para acceder a educación superior en sus lugares de origen.

Quienes deciden migrar lo hacen en zonas urbanas y rurales, principalmente, en busca de empleo o para continuar sus estudios. Y lo hacen hacia destinos muy específicos: la Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro, entidades que concentran la mayor oferta de empleos especializados y desarrollo tecnológico. Esto evidencia una persistente desigualdad territorial que obliga a miles de jóvenes a desplazarse para aspirar a un mejor futuro.

Pero mientras los datos nos muestran una disminución en ciertos tipos de migración interna, la realidad internacional sigue siendo alarmante. Las políticas restrictivas, la violencia institucional y la falta de mecanismos efectivos de protección continúan colocando a las personas migrantes —especialmente a las más vulnerables— en situaciones de alto riesgo.

Por ello, no basta con observar las cifras. Es necesario interpretarlas con responsabilidad y, sobre todo, actuar en consecuencia. La migración no puede seguir siendo entendida únicamente como un fenómeno demográfico; es, ante todo, un tema de derechos humanos, de justicia social y de dignidad.

Desde el ámbito legislativo, el reto es claro: construir políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la migración, que reduzcan las brechas de desigualdad entre regiones y que garanticen condiciones dignas tanto para quienes deciden quedarse como para quienes se ven obligados a partir.

Porque detrás de cada estadística hay una historia, una decisión y, muchas veces, una necesidad. Y frente a ello, el Estado no puede ser omiso.

* Diputada local presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes en el H. Congreso del Estado de Morelos.