Por Otto Alberto Pérez

El 1 de mayo de 2026, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, encabezada por Hugo Eric Flores, declaró “notoriamente improcedente” la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. El motivo central no fue un debate político de fondo, sino la absoluta incapacidad —o la deliberada negligencia— de la Fiscalía General del Estado de Morelos para integrar una carpeta de investigación con sustento mínimo.

Con este fallo, el Congreso federal evitó entrar al mérito de las acusaciones de violación en grado de tentativa y violencia sexual que Nidia Fabiola Blanco, media hermana del diputado morenista y exgobernador de Morelos, presentó contra él. Bastó con certificar que el expediente morelense carecía de diligencias esenciales, peritajes consistentes y elementos técnicos para acreditar la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado.

Esta no es una falla aislada. Es el funcionamiento preciso de una Fiscalía que, una vez más, actúa como extensión del poder político en lugar de como institución autónoma de procuración de justicia. Las omisiones, contradicciones periciales y la lentitud deliberada en la integración de la carpeta entregaron en bandeja el argumento perfecto para archivar el procedimiento sin costo político visible para los legisladores.

El resultado es doblemente dañino. Cuauhtémoc Blanco conserva su fuero y su curul sin que las acusaciones hayan sido ventiladas en sede judicial. La víctima, por su parte, choca contra un doble muro: la inoperancia (o complicidad) de la Fiscalía morelense y el formalismo legislativo que, amparado en esas deficiencias, cierra la puerta. Aunque la Comisión dejó abierta la posibilidad de reabrir el caso si surgen nuevos elementos, el tiempo, el desgaste emocional y la asimetría de poder favorecen claramente al imputado.

Este episodio desnuda la subordinación crónica de las fiscalías estatales al oficialismo. Mientras en el discurso federal se celebra el supuesto avance en materia de género y protección a las mujeres, en Morelos la institución responsable de investigar delitos de violencia sexual se convierte en el principal obstáculo para el acceso a la justicia. 

La “deficiencia” no parece casual: resulta funcional al blindaje.

Peor aún, el propio legislador ha promovido iniciativas para endurecer sanciones contra denuncias falsas, al mismo tiempo que evade un proceso penal grave gracias a las fallas de la autoridad ministerial. La táctica es clara: instrumentalizar el poder para protegerse mientras se victimiza públicamente.

Al aceptar como argumento definitivo las deficiencias graves de la Fiscalía de Morelos, el Congreso federal valida y perpetúa un mecanismo perverso: la impunidad ya no requiere mayorías escandalosas en el pleno; basta con una investigación ministerial fallida por diseño. Así, la procuración de justicia se degrada a mero trámite administrativo al servicio de los intereses políticos.

De cara a los próximos procesos electorales, este sabotaje institucional envía un mensaje brutal: en México, las agresiones de género se investigan —o se sabotean— según la conveniencia del acusado. Cuando la Fiscalía se convierte en el eslabón débil (o cómplice) de la cadena, no solo falla un caso. Falla el Estado de derecho.