Por Dr. Miguel Ãngel MartÃnez RodrÃguez
Analista polÃtico y jurista.
El reciente nombramiento de Edgar Maldonado Ceballos como Secretario de Gobierno en Morelos no es un simple movimiento administrativo. Es la evidencia más clara de que el partido que prometió sepultar las viejas prácticas priistas ha terminado por reproducirlas con absoluta naturalidad. El comunicado oficial habla de “fortalecer la conducción polÃtica†y “garantizar la estabilidad institucionalâ€. Pero detrás del lenguaje diplomático se esconde una decisión que vulnera los principios más básicos de autonomÃa y separación de poderes.
En el fondo, no se trata de un enroque técnico, sino de una regresión polÃtica.
El Fiscal General del Estado es, por diseño constitucional (artÃculo 91-B de la Constitución de Morelos), un órgano autónomo. El Secretario de Gobierno, por el contrario, es el segundo al mando del Poder Ejecutivo (artÃculo 61). Ambos cargos son incompatibles por esencia, como lo son la independencia y la subordinación.
Para que el nombramiento de Maldonado Ceballos fuera válido, su renuncia como fiscal debÃa ser presentada, procesada y aceptada por el Congreso, que fue quien lo designó (artÃculo 40, fracción XLIV). Si esta renuncia fue tramitada en “fast track†minutos antes del anuncio, el Congreso se redujo a una oficialÃa de partes del Ejecutivo.
El problema no es solo de forma, sino de fondo. La figura del fiscal fue creada para no depender del poder polÃtico, pero este nombramiento demuestra que su autonomÃa era una ilusión. En Morelos, el fiscal no se va: lo ascienden. Este cambio cierra un ciclo que desnuda el verdadero propósito del diseño institucional en el estado.
Maldonado Ceballos no deja una FiscalÃa fortalecida ni un proyecto consolidado, sino una institución fragmentada y en crisis.
Apenas en septiembre, durante su Primer Informe Semestral, presumÃa cinco ejes estratégicos: atención a vÃctimas, atención ciudadana, protección de mujeres y menores, combate a la impunidad y reestructura operativa. DÃas después, abandona todo para asumir un cargo polÃtico. Ese gesto habla más que cualquier comunicado: la FiscalÃa no es un destino de servicio público, sino un trampolÃn de carrera. Y el mensaje al sucesor es inequÃvoco: la lealtad polÃtica vale más que la independencia jurÃdica.
La realidad de seguridad en Morelos es devastadora. Según la ENVIPE 2024, el 90,1% de los habitantes se siente inseguro. La cifra negra —delitos no denunciados o sin investigación— alcanza el 92,7%, una de las más altas del paÃs.
Los delitos de alto impacto, lejos de disminuir, aumentaron durante su gestión:
- Feminicidios: +50%
- Robo de vehÃculo con violencia: +34%
- Violencia familiar y extorsión: sin contención real.
Morena prometió ser la antÃtesis del PRI. Hoy, sus gobiernos replican con precisión quirúrgica el modelo que alguna vez criticaron: el del partido de Estado, el del control polÃtico disfrazado de estabilidad, el del Congreso sometido y la autonomÃa simulada.
Lo que ocurrió en Morelos no es un hecho aislado. Es un sÃntoma nacional: fiscales convertidos en operadores, congresos subordinados y gobernadores que confunden autoridad con control. El caso Maldonado Ceballos demuestra que la “transformación†terminó siendo un espejo del pasado. Cambió el discurso, pero no el método. Cambió el color, pero no la lógica.
El gobierno celebra que “consolida un equipo preparado para conducir la transformación rumbo al 2030â€. En realidad, lo que consolida es un cÃrculo de lealtades personales, donde la obediencia vale más que la competencia.
La autonomÃa de la justicia —esa que el constituyente local quiso blindar— ha sido desmontada con una simple llamada telefónica desde el palacio de gobierno. Y mientras tanto, el ciudadano común sigue viviendo con miedo, con desconfianza y con la certeza de que, en Morelos, como en el viejo PRI, la ley depende de a quién se obedece. La mejor opinión es la que tiene usted.
