El gobierno de Claudia Sheinbaum está impulsando una reforma que busca eliminar la autonomÃa de las fiscalÃas en México, tanto a nivel federal (FiscalÃa General de la República, FGR) como en los 32 estados. Esta reforma devolverÃa al Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales el poder para designar a los titulares de las fiscalÃas, tal como ocurrÃa antes de la reforma de 2014, que les otorgó independencia del poder polÃtico. El cambio también permitirá que los fiscales sean removidos por los mandatarios en turno.
La reforma es promovida por Morena y se justifica bajo el argumento de que la autonomÃa de las fiscalÃas ha creado obstáculos para la procuración de justicia, ya que algunos fiscales, ligados a gobiernos de oposición, obstruyen investigaciones y combaten la corrupción de manera parcial.
Ejemplos como el de Guanajuato, Morelos y Tamaulipas se citan para mostrar cómo fiscalÃas vinculadas a gobernantes opositores han dificultado investigaciones sobre corrupción y crimen organizado, afectando la gobernabilidad y el combate a la impunidad.
En Morelos, el caso de Uriel Carmona, fiscal destituido tras controversias polÃticas con el gobernador de Morena Cuauhtémoc Blanco, ejemplifica cómo una fiscalÃa, nombrada bajo el régimen del PRD, obstaculizó la gestión de justicia de un gobierno diferente al que lo habÃa designado. Este tipo de conflictos resalta la necesidad de una mayor coordinación entre los ejecutivos y las fiscalÃas, según los impulsores de la reforma.
En cuanto al impacto, la reforma podrÃa debilitar la independencia judicial, regresando a una situación donde las fiscalÃas estén subordinadas a los intereses polÃticos del Ejecutivo. Esto se podrÃa traducir en una mayor politización de la justicia, donde los fiscales respondan más a los intereses de los gobiernos en turno que a la objetividad y el interés público.
La reforma está en proceso de discusión y podrÃa aprobarse en el próximo periodo de sesiones del Congreso. El borrador prevé que los actuales fiscales puedan concluir su mandato, pero que los futuros fiscales sean designados por los gobernantes. Esto resuelve la incertidumbre sobre si el actual fiscal, Alejandro Gertz Manero, terminará su mandato en 2028.
En términos de los beneficios que argumenta Morena, la reforma podrÃa agilizar investigaciones y mejorar la coordinación entre el Ejecutivo y las fiscalÃas, eliminando los obstáculos creados por fiscalÃas autónomas que, según su visión, no cumplen con su función de manera efectiva. Sin embargo, especialistas señalan que la reforma no resolverÃa los problemas estructurales de las fiscalÃas, como la falta de un servicio profesional de carrera, que son necesarios para mejorar realmente el sistema de justicia en el paÃs.
En resumen, la reforma propuesta por Sheinbaum busca un mayor control polÃtico de las fiscalÃas, argumentando que esto facilitarÃa la lucha contra la corrupción y el crimen, pero también podrÃa poner en riesgo la independencia judicial y profundizar la politización del sistema de justicia.
