Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez
En México, la justicia rara vez se explica únicamente a partir de la ley. Para entender su funcionamiento real, también hay que observar las relaciones de poder, los intereses políticos y las consecuencias que una investigación puede tener para quienes gobiernan.
Por eso, frente a las acusaciones y cuestionamientos que rodean a Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), la pregunta no es solamente si existen elementos para investigar posibles irregularidades. La pregunta de fondo es otra: ¿estamos ante el inicio de un auténtico proceso de rendición de cuentas o frente a una disputa política cuyo desenlace ya se negocia en los márgenes del poder?
La diferencia es fundamental. Una investigación debe esclarecer hechos y determinar responsabilidades, no servir como instrumento de presión ni convertirse en una representación pública de indignación que termina sin consecuencias.
Hay tres elementos que permiten examinar este episodio desde una perspectiva política e institucional.
El primero es la memoria del poder.
La gestión de Taddei quedó marcada por una de las decisiones más controvertidas de la reciente historia electoral: la asignación de diputaciones de representación proporcional que permitió a Morena y sus aliados alcanzar una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pese a la discusión sobre los límites constitucionales de la sobrerrepresentación.
El asunto no fue menor. Aquella decisión tuvo consecuencias que trascendieron la integración del Congreso y contribuyó a crear las condiciones políticas para aprobar la reforma judicial.
¿Significa esto que Taddei tiene garantizada la protección del oficialismo? No puede afirmarse sin pruebas. Sin embargo, sí obliga a formular una pregunta legítima: ¿hasta qué punto la utilidad política de una funcionaria influye en la disposición del sistema para exigirle responsabilidades?
El segundo elemento es la conveniencia de la distancia política.
Cuando una figura pública enfrenta cuestionamientos, los respaldos que ayer parecían firmes pueden convertirse rápidamente en silencios, deslindes o exigencias de responsabilidad. La distancia política no necesariamente expresa un compromiso repentino con la transparencia; también puede responder a la necesidad de contener daños.
Para un partido gobernante, defender incondicionalmente a una funcionaria cuestionada puede representar un costo electoral innecesario. Pero exigir su salida tampoco equivale, por sí mismo, a combatir la corrupción.
Aquí conviene distinguir tres procedimientos que suelen confundirse en el debate público: la responsabilidad administrativa, el juicio político y la responsabilidad penal. Cada uno tiene finalidades, requisitos y consecuencias diferentes. La remoción de una funcionaria no demuestra la existencia de un delito, del mismo modo que la ausencia de una sentencia penal no cancela la obligación de esclarecer posibles irregularidades.
El tercer elemento es la debilidad de la rendición de cuentas.
México cuenta con instituciones encargadas de fiscalizar recursos, investigar delitos y determinar responsabilidades. La Auditoría Superior de la Federación, las autoridades administrativas competentes y la Fiscalía General de la República tienen atribuciones distintas, pero sus actuaciones deben contribuir a un mismo objetivo: que las irregularidades acreditadas tengan consecuencias conforme a derecho.
El problema no consiste únicamente en la existencia de investigaciones. También importa su calidad, su independencia y su desenlace.
El INE no es una dependencia ordinaria del gobierno. Su autonomía constituye una garantía para la competencia democrática. Por eso, cualquier intento de remover a su titular debe sujetarse estrictamente a la Constitución y a la ley, sin represalias ni acuerdos de conveniencia.
Porque cuando la ley se aplica con rigor a unos y con prudencia selectiva a otros, la justicia deja de percibirse como una regla común y empieza a funcionar como una extensión del poder.
Entonces el verdadero problema ya no es quién ocupará la silla vacía en el INE, sino quién decide cuándo una institución debe exigir cuentas y cuándo conviene dejar que el tiempo haga su trabajo.
