Por Equipo #EnResumen
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre la persistencia de la violencia contra periodistas y la impunidad en México, en el marco de su 82ª Asamblea General. La organización condenó tres asesinatos recientes y documentó un entorno de amenazas, agresiones y presiones que pueden derivar en censura indirecta.
En su informe, la SIP señaló los homicidios de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, asesinado en julio en Puebla; Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista crítico de autoridades, asesinado en Oaxaca; y Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido, asesinado en agosto en Puebla. Junto con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), exigió investigaciones exhaustivas que no descarten la actividad periodística como posible móvil.
El reporte también registra amenazas contra periodistas y familiares en Sinaloa y Tlaxcala, campañas de señalamiento en redes, agresiones durante coberturas y casos en los que elementos de la Marina obligaron a reporteros a borrar material en Tamaulipas. RSF ha documentado 169 periodistas asesinados en México en los últimos 20 años, con cerca del 99 % de los casos sin esclarecer por completo. En los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum se contabilizan 18 de esos homicidios.
En Morelos, el contexto local de los últimos siete años muestra tanto asesinatos de comunicadores y activistas como agresiones que no han sido resueltas.
El 20 de febrero de 2019, en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, fue asesinado Samir Flores Soberanes, comunicador comunitario, fundador de la radio Amiltzinko y uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos. El crimen ocurrió días después de que confrontara públicamente a autoridades federales. La Fiscalía de Morelos, entonces a cargo de Uriel Carmona, descartó pronto el móvil político y privilegió otras líneas. En 2021 detuvieron a un presunto autor material; en marzo de 2026 un juez federal lo absolvió por falta de pruebas suficientes. Otros sospechosos fueron asesinados o desaparecieron. Siete años después, el caso permanece impune. Familiares y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua han exigido investigar la posible responsabilidad u omisión de figuras como el entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco y el exdelegado federal Hugo Eric Flores.
En julio de 2019, el cuerpo de Rogelio Barragán Pérez, director del portal Guerrero al Instante y periodista que cubría nota roja en Guerrero, fue hallado en la cajuela de un vehículo en Zacatepec, Morelos, con signos de violencia. Colegas señalaron que había dejado de firmar sus notas por seguridad. El caso tampoco ha sido esclarecido en relación con su labor.
En abril de 2024, Roberto Carlos Figueroa, periodista y productor de la plataforma “Acá en el Show”, fue secuestrado y hallado sin vida en Huitzilac. Su asesinato se sumó a la lista de comunicadores asesinados en la entidad durante el sexenio anterior.
Además de los homicidios, hay agresiones documentadas. La periodista morelense Estrella Pedroza, corresponsal de medios nacionales y locales, fue agredida físicamente en septiembre de 2023 por elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública cuando documentaba un operativo en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Según su denuncia, la rodearon, la bajaron de su vehículo, la golpearon y la amenazaron. Presentó denuncia penal y queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Un año después denunció que la investigación estaba congelada bajo la gestión de Uriel Carmona. Pedroza es beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y ha enfrentado también campañas digitales de desprestigio y un intento de hackeo.
Estos casos locales ilustran lo que la SIP y organizaciones como RSF y Artículo 19 señalan a nivel nacional: la impunidad como factor de riesgo persistente. En Morelos, ni el asesinato de un comunicador comunitario opositor a un megaproyecto federal ni las agresiones policiales contra una periodista en ejercicio han tenido resoluciones claras que vinculen o descarten de forma transparente la labor informativa o de defensa de derechos. La alerta de la SIP llega cuando el estado ya cuenta con antecedentes documentados de violencia contra quienes informan o se organizan, sin que las fiscalías —estatal en su momento y federal en algunos expedientes— hayan cerrado los círculos de impunidad.
