Por Equipo En Resumen

Con carpetas masivas, intervenciones limitadas y opacidad sobre el total de cuerpos inhumados, la Fiscalía General del Estado de Morelos ha convertido la identificación de restos en un segundo proceso de desaparición.

El 28 de mayo, peritos de la Fiscalía extrajeron un cráneo, un esternón y tres vértebras cervicales durante la sexta intervención en la fosa del panteón Pedro Amaro, en Jojutla. Esas piezas conservaban viabilidad para identificación individual según criterios forenses. La institución propuso acumularlas en una sola carpeta masiva. Solo tras la presión de las observadoras se abrieron expedientes separados, aunque las colectivas debieron corregir errores de etiquetado y embalaje cometidos por el personal ministerial.

Esta decisión no fue aislada. Forma parte de un patrón que la Fiscalía ha sostenido desde 2017: limitar el alcance de las excavaciones, rechazar ampliaciones del perímetro y acumular restos de distintas personas en expedientes únicos. El 26 de junio concluyó la sexta etapa sin que la institución entregara un registro oficial del número total de cuerpos inhumados ni de los restos recuperados en esta fase.

La práctica de la carpeta masiva tiene un efecto directo: dificulta la obtención de perfiles genéticos individuales. Después de nueve años y varios cientos de restos recuperados en el sitio, solo un número muy reducido de personas ha sido identificado y entregado a sus familias. Las colectivas documentan que la Fiscalía no ha proporcionado información precisa sobre las dimensiones originales de la fosa ni sobre la cantidad de cuerpos que depositó allí. Esta opacidad impide saber cuántos restos faltan por recuperar.

Las organizaciones de búsqueda sostienen que la intervención del Estado en las inhumaciones originales y la retención de información configuran un caso de desaparición forzada. El caso se desarrolla en un contexto nacional donde el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el artículo 34 de la Convención para México, al identificar indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos abrió una queja por las irregularidades en los procedimientos y mantiene seguimiento a la solicitud de ampliación del perímetro.

Los colectivos exigen la presencia del fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, en el propio panteón Pedro Amaro. La sexta intervención finalizó sin que la Fiscalía rindiera cuentas claras sobre el total de cuerpos inhumados, los restos recuperados ni los pasos concretos para su identificación. Las decisiones institucionales sobre el manejo de la evidencia continúan operando como un límite estructural para el derecho a la verdad.