Por Otto Alberto Pérez

En la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey —ciudades con zonas metropolitanas más extensas y problemas de movilidad más complejos que Morelos—, el usuario puede desplazarse en sistemas estructurados como el Metro, Metrobús, Macrobús, Mi Macro Periférico, Metrorrey o Transmetro, que ofrecen unidades más modernas, carriles exclusivos, pago electrónico y mayor regularidad. En Morelos, a partir del 1 de julio el pasajero pagará 13 pesos —30 por ciento más— por un servicio donde una proporción significativa de las unidades opera más allá de su vida útil oficial.

El contraste es claro. Mientras en esas metrópolis el usuario recibe mayor velocidad, comodidad y previsibilidad a pesar de enfrentar desafíos urbanos superiores, en Morelos el servicio sigue dependiendo de una flota envejecida que multiplica los riesgos mecánicos. Incidentes recientes han registrado fallas de frenos y salidas de la vía en unidades del transporte concesionado, situaciones frecuentes cuando los vehículos superan ampliamente los diez años de operación.

Los concesionarios exigen el ajuste tarifario alegando costos de operación, pero se niegan a invertir recursos propios en renovación. En su lugar, demandan que el Estado financie las unidades nuevas y absorba el costo completo de los descuentos para estudiantes y adultos mayores. En la Ciudad de México los adultos mayores viajan gratis en los sistemas estructurados. En Jalisco existe un programa estatal que subsidia viajes a estudiantes y personas mayores. En Morelos, el gremio pretende que el erario cubra esos beneficios mientras retiene el beneficio completo del nuevo precio.

El coordinador de Movilidad y Transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo, ha impulsado mayor regulación y programas de capacitación para operadores. El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, ha dejado claro que el decreto que fija la tarifa en 13 pesos a partir del 1 de julio no tiene prórroga. Ambas posiciones oficiales confirman que el aumento entra en vigor sin que medie una obligación concreta de renovación por parte de los concesionarios.

Los transportistas de Morelos han construido un modelo en el que el cobro es inmediato y la responsabilidad es transferible. Cobran más por un servicio que no mejoran con recursos propios, exigen subsidios públicos para modernizar lo que ellos operan y trasladan al usuario tanto el costo como el riesgo de circular en unidades que ya deberían haber sido retiradas. Mientras en otras ciudades el pasajero paga por calidad y seguridad verificables, aquí paga por sostener un esquema que premia la antigüedad de la flota.

El transporte público en Morelos se ha convertido en un negocio de riesgo unilateral: el concesionario cobra la renta, el Estado aporta recursos cuando se los exigen y el pasajero asume el costo económico y el peligro físico. Trece pesos no compran mejor servicio ni mayor seguridad. Compran la continuidad de un modelo que hace del usuario el único que siempre pierde.