POR DR. ÁNGEL DARIÉN ZAPATA MARÍN

Esta semana, a nivel mundial destacan la intensificación de tensiones geopolíticas (ataques en Ucrania, medidas de EE.UU. sobre migración y espacio aéreo en Venezuela) y un trágico incendio en Hong Kong. En México, un cambio institucional clave en la Fiscalía General derivado de una sospechosa renuncia del Fiscal General, los movimientos sociales en Michoacán derivados del asesinato del alcalde de Uruapan y el escándalo en torno al concurso de belleza miss universo              -tanto por la forma como algunos afirman se ganó ilegítimamente el concurso, como el perfil de los propietarios de esa institución privada-,  reflejan tanto la fragilidad política como los retos sociales que dominan la agenda global y nacional.

Entre todas estas noticias, la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobando el proyecto impulsado por la ministra Lenia Batres para permitir la revisión de sentencias firmes bajo la figura de “cosa juzgada fraudulenta”, no pareciera tan relevante frente a las noticias que han salido en estos días, sin embargo lo que se ha intentado promover como un criterio innovador de justicia reforzada; en realidad, es una grieta seria en el principio de cosa juzgada y en la seguridad jurídica del país, lo que no es un aspecto menor frente al escenario nacional e internacional de incertidumbre que existe, pues no generan confianza en los inversionistas en un escenario donde el fantasma del estancamiento económico se cierne sobre nuestro país.

En México, la certeza jurídica ha sido históricamente un ancla en medio del oleaje político y económico. Una sentencia firme, refrendada por todas las instancias, representaba el final del conflicto y el inicio de la estabilidad. Pero la reciente resolución de la Corte ha puesto esa estabilidad en entredicho. 

Paradójicamente, el caso que detonó este giro no fue uno de injusticia social, despojo agrario, vulnerabilidad histórica, o derivado de una decisión internacional en materia de derechos humanos por violaciones graves al estado de derecho de todo un país. No. Fue un conflicto entre actores privados con intereses económicos multimillonarios. Es decir, un pleito entre quienes cuentan con recursos para llevar un juicio hasta las últimas consecuencias… quienes después pueden intentar reabrirlo.

Desde ese origen, la figura extraordinaria que pretende combatir el “fraude procesal” parece menos un instrumento de justicia social que una herramienta que podría terminar siendo utilizada como palanca de poder económico para reabrir litigios que ya estaban cerrados.

La cosa juzgada no es un capricho del formalismo jurídico: es el pilar que permite que las relacionesciviles y mercantiles funcionen. Sin ella, los contratos pierden estabilidad, los juicios no terminan, el riesgo jurídico se dispara y la inversión —grande o pequeña— enfrenta un paisaje incierto, donde una sentencia firme puede convertirse en un castillo de arena sujeto a los vaivenes políticos y económicos que caracterizan los litigios de alto perfil.

Un país sin cosa juzgada sólida es un país sin seguridad jurídica. Y un país sin seguridad jurídica es un país sin estabilidad económica.

La Corte argumenta que se trata de combatir el fraude procesal, pero en la práctica la figura podría convertirse en un arma de doble filo. En el mundo del litigio mercantil, acusar fraude es un recurso habitual: ahora, esa acusación podría funcionar como llave para desenterrar casos que ya habían quedado resueltos. Y cuando un sistema judicial deja abierta la posibilidad de discutir de nuevo lo ya decidido, el incentivo para el litigio eterno crece proporcionalmente al tamaño del capital en juego.

La cosa juzgada no es solo un principio técnico. Es un acuerdo social: lo que se resolvió, se respeta. Sin ella, los juicios se convierten en círculos interminables, la confianza en las instituciones se debilita y la vida civil —desde contratos hasta inversiones— queda atrapada en un terreno de incertidumbre.

El desafío ahora es mayúsculo porque existe el riesgo real que en los litigios económicos de alto nivel se transformen en un campo donde la fuerza del dinero, las relaciones y conexiones -como algunos aducen ocurrió en el caso de miss universo, y que incluso otros consideran fue la causa que motivó el movimiento del fiscal general- tenga más influencia que la fuerza de la ley.

En un país donde la estabilidad social y económica penden siempre de la confianza en las reglas, abrir la puerta para revisar sentencias firmes no es solo una decisión jurídica: es una apuesta que puede redefinir el equilibrio mismo de la justicia.

El riesgo es evidente: si lo excepcional se normaliza, la certeza jurídica se diluye y los conflictos privados se vuelven interminables. Para un país ya saturado de litigios, la inseguridad jurídica no es sólo una abstracción doctrinal generada por abogados: es un golpe directo a la confianza institucional y a la estabilidad social.

Por ello los aspectos que atañen a la cosa juzgada constituyen un terremoto potencial. Y el país ya tiene suficientes temblores.