Por Carolina Ruiz Rodríguez *
La mañana del 17 de noviembre de 2025, Walter Marcelino Chau desayunó temprano con su esposa, María Choque, y su joven hija, Ashley. Al terminar, salió a trabajar con la promesa de regresar temprano para almorzar. **
Estaba muy lejos de imaginar que no podría cumplir su promesa. Que todo se complicaría. Que, en lugar de volver con ellas, sería separado por mucho tiempo y enviado a miles de kilómetros de distancia. Su “delito”: ser migrante en situación irregular —que no ilegal— tras 25 años de vida en los Estados Unidos.
Walter trabajaba como conductor de Uber y Lyft en Miami, Florida. Antes, se había desempeñado en un negocio de venta de pescado. Era un hombre de trabajo, de rutinas, de responsabilidades cumplidas.
Aquella mañana, como cada año, se presentó ante las autoridades migratorias en las oficinas de Miramar. Pero esta vez fue distinto. Ya no lo dejaron salir. Por el contrario, fue trasladado a un centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, bajo custodia del temido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sin poder comparecer ante un juez, fue enviado al estado de Texas. El 28 de enero de 2026 lo subieron a un avión rumbo a Guayaquil, Ecuador. Viajó esposado, junto a cerca de 50 migrantes más. Tras una escala de dos horas, continuó su traslado hasta llegar al aeropuerto militar de Lima, Perú, su país natal.
De acuerdo con datos del gobierno peruano, alrededor de 1 millón 60 mil ciudadanos viven en Estados Unidos; de ellos, unos 300 mil en situación migratoria irregular. Walter era uno de ellos. Hoy forma parte de los más de 12 mil peruanos retornados en los últimos tres años.
Su historia ha llamado la atención de organismos internacionales, defensores de derechos humanos y medios de comunicación, por lo singular y profundamente trágico de su situación.
Walter no solo dejó atrás 25 años de trabajo y vida en Estados Unidos —donde incluso buscó asilo político—, sino también un historial de cumplimiento: cada año acudía a las oficinas migratorias, pagaba impuestos, presentaba constancias laborales y acreditaba la manutención de su familia.
Su mayor responsabilidad era Ashley, su hija, ciudadana estadounidense, quien vive con síndrome de Down y autismo. No habla. Su atención es especializada, permanente y costosa.
La tragedia se profundizó cuando, el 30 de diciembre de 2025, mientras Walter permanecía detenido, María ingresó a cirugía en el Hospital Jackson Memorial de Miami. El cáncer de mama que había enfrentado tres años antes había reaparecido, ahora en el fémur derecho.
Walter llegó a Estados Unidos en el año 2000, procedente de Lima, con visa de turista. María lo hizo un año después. Hoy, ella enfrenta un deterioro severo en su salud mientras cuida sola de Ashley.
La vida para ellas se ha vuelto aún más difícil. Viven bajo vigilancia constante. El miedo ha provocado el aislamiento: amigos, conocidos e incluso paisanos se han alejado.
Ashley también ha resentido profundamente la ausencia de su padre. No comprende por qué no volvió del trabajo. Ya no la lleva a su escuela especial. No acepta llamadas ni videollamadas. Lo espera. Lo busca. Se sienta en las escaleras de su casa, mirando hacia la calle, como si en cualquier momento fuera a aparecer.
Mientras tanto, Walter, de 60 años, enfrenta un país que ya no reconoce. Perú le resulta ajeno. No encuentra trabajo. Cuida ahora de su madre, una mujer mayor. Pero la distancia, la enfermedad de María y la condición de Ashley han comenzado a quebrarlo física y emocionalmente.
Ha enviado innumerables cartas, tocado puertas, dado entrevistas. Suplica ayuda. Solo quiere volver a Miami, reunirse con su familia. Regresar juntos a Perú no es una opción: allá no podrían acceder a los tratamientos médicos que ambas necesitan, ni enfrentar la precariedad económica.
No, la historia de Walter no es un caso aislado. Es el reflejo de una realidad que viven miles de familias migrantes en Estados Unidos: separación forzada, pérdida de empleos, criminalización, persecución cotidiana. El miedo ha desplazado al otrora “sueño americano”. Dejan de acudir a hospitales, escuelas y oficinas migratorias. Sobreviven escondiéndose.
Lo que hoy enfrenta esta familia se repite una y otra vez en un país que se presenta ante el mundo como garante de la democracia y los derechos humanos. Un país cuyo presidente aspira incluso al reconocimiento del Premio Nobel de la Paz. Y que, en menos de 40 días, será anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol, uno de los eventos más importantes del planeta.
Pero detrás de los estadios, los reflectores y los discursos, hay historias como la de Walter que no pueden ni deben ocultarse. Porque ningún evento global, ningún reconocimiento internacional, puede justificar el dolor de una familia rota ni el silencio ante una política que deshumaniza.
Hoy, desde Morelos, alzamos la voz no solo por Walter, sino por miles de historias invisibles. Porque migrar no es un delito: es, muchas veces, un acto de supervivencia. Y separar familias no es justicia: es una herida que marca generaciones.
Es momento de exigir políticas migratorias con rostro humano, con debido proceso y con respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Porque mientras una hija siga esperando a su padre en la puerta de su casa, el mundo no puede llamarse humano.
** Basado en el trabajo periodístico de Carla Gloria Colomé de El País
* Diputada local presidenta de la comisión de Atención a Personas Migrantes en el H. Congreso del Estado de Morelos.
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