Por Otto Alberto Pérez

La reclasificación federal de las cifras de desaparición disfraza la parálisis forense con maniobras administrativas. Entre la inoperancia de las fiscalías y el letargo institucional, el Estado opta por administrar la tragedia en lugar de investigarla. Las víctimas quedan atrapadas en un sistema que premia la omisión burocrática y consolida una impunidad estructural.

Mientras el Estadio Banorte ensayaba la euforia del Mundial 2026, las madres buscadoras confrontaron la narrativa gubernamental con pancartas y fichas de localización. El contraste resulta revelador: un país que organiza espectáculos globales padece una fractura institucional que le impide rastrear el paradero de sus propios ciudadanos.

La tensión escaló tras la decisión del gobierno federal de reconfigurar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. La administración de Claudia Sheinbaum podó la estadística histórica, transformando una crisis humanitaria sostenida en un ejercicio de depuración documental que excluye del foco público a decenas de miles de víctimas.

El registro oficial acumula 132,534 reportes, pero el Ejecutivo determinó que solo 43,128 mantienen el estatus de desaparición vigente. Las autoridades argumentan insuficiencia de datos o indicios de actividad posterior para descartar el resto, omitiendo que en todo el territorio nacional apenas existen 3,869 carpetas de investigación abiertas por este delito.

El colapso pericial encuentra su reflejo más nítido en el ámbito local. En las fosas irregulares de Jojutla, Morelos, las autoridades exhumaron 400 restos humanos durante casi una década de intervenciones; de ese volumen, la Fiscalía General del Estado concretó la identificación y restitución de apenas dos individuos.

Esta reingeniería de los datos confirma un pacto sistémico de impunidad. Al condicionar el reconocimiento de una víctima a la existencia de un expediente ministerial en un país con una cifra negra del 93%, la ley opera como una simulación que legaliza la inacción del Estado y castiga a los familiares de las víctimas.

Las fiscalías estatales exhiben una omisión funcional. Supeditar la búsqueda a la burocracia de los ministerios públicos traslada la carga operativa hacia las familias, quienes enfrentan barreras institucionales, opacidad metodológica y el riesgo latente que impone el control territorial del crimen organizado.

A la par, el aparato gubernamental elude su mandato mediante el letargo forense. La degradación biológica de los restos en fosas comunes, documentada por colectivos como “Ángeles Buscándote”, destruye la viabilidad de los perfiles genéticos e imposibilita la identificación, cancelando cualquier eventual persecución penal contra los responsables.

Reducir el umbral de la desaparición forzada a una hoja de cálculo instaura un precedente corrosivo frente a la carencia de contrapesos efectivos en el poder público. Borrar a los ausentes del papel legaliza el abandono gubernamental, consolidando un modelo donde el Estado, rebasado por sus propias fallas, decreta el olvido por la vía administrativa.