Por DR. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

En los últimos años, México ha vivido un proceso político que sus impulsores le han denominado transformación profunda: un cambio de raíz liderado por un movimiento que se autodefine como de izquierda. Esta “transformación” ha sido presentada como una ruptura con el pasado, con la promesa de erradicar la corrupción, reducir la desigualdad y devolver el poder al pueblo.

Sin embargo, el desarrollo de este proyecto político ha estado marcado por una constante tensión con las instituciones democráticas del país. Desde su origen, el movimiento construyó su narrativa a partir del desgaste institucional, bajo una lógica en la que las estructuras existentes eran vistas como obstáculos más que como contrapesos necesarios. La frase “al diablo con las instituciones” no solo fue retórica: con el paso del tiempo, se convirtió en una línea de acción.

El ascenso al poder no fue inmediato. Fue el resultado de años de insistencia política, movilización social y construcción territorial, particularmente en la Ciudad de México, donde se consolidaron bases operativas, financieras y políticas. Este proceso culminó en la llegada a la Presidencia, marcando el inicio de una etapa de concentración progresiva de poder.

Uno de los primeros movimientos fue la reconfiguración del aparato de seguridad. La desaparición de la Policía Federal y el fortalecimiento del papel del Ejército en tareas civiles significaron un cambio estructural en la estrategia de seguridad pública. A partir de entonces, las Fuerzas Armadas no solo asumieron funciones de seguridad, sino también un papel protagónico en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.

Paralelamente, se inició un proceso de debilitamiento de organismos autónomos. Instituciones diseñadas como contrapesos —encargadas de garantizar transparencia, derechos humanos o evaluación de políticas públicas— fueron progresivamente deslegitimadas, reducidas o capturadas políticamente. Este fenómeno no solo alteró el equilibrio institucional, sino que también limitó los mecanismos de rendición de cuentas.

En el ámbito de la procuración de justicia, la designación de perfiles cercanos al poder político generó cuestionamientos sobre la autonomía de la Fiscalía. A esto se suman denuncias de un uso selectivo de la justicia, donde las investigaciones y órdenes de aprehensión parecen dirigirse principalmente hacia actores de la oposición, alimentando la percepción de persecución política.

El control político también se ha extendido al ámbito electoral. La influencia sobre órganos encargados de organizar elecciones y la posibilidad de reformas constitucionales mediante mayorías legislativas han encendido alertas sobre la equidad en la competencia democrática. La sobrerrepresentación legislativa y las alianzas estratégicas han permitido avanzar en cambios estructurales sin consensos amplios.

A nivel político, la oposición se muestra fragmentada y, en algunos casos, debilitada por presiones, negociaciones o rupturas internas. Esto ha contribuido a un escenario donde la alternancia parece cada vez más lejana, mientras se consolidan redes de poder que incluyen prácticas de nepotismo y concentración de cargos en círculos cercanos.

De cara al proceso electoral de 2027, surge una pregunta inevitable: ¿estamos ante la consolidación de un nuevo régimen político o frente a la repetición de viejas prácticas bajo un nuevo discurso? El resultado es claro: la promesa de transformación terminó reproduciendo los mismos vicios que durante décadas se criticaron.

México enfrenta un desafío estructural. Más allá de los actores políticos, el problema radica en un diseño institucional que no ha logrado erradicar la corrupción ni garantizar una verdadera rendición de cuentas. Sin una ciudadanía activa, instituciones fuertes y un compromiso real con el Estado de derecho, cualquier proyecto —sin importar su ideología— corre el riesgo de desviarse.

La historia política del país parece atrapada en un ciclo donde quienes llegan al poder terminan replicando aquello que prometieron combatir. La gran interrogante es si México será capaz de romper ese ciclo o si continuará girando en torno a él indefinidamente.