Reforma electoral y concentración política

Por el Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

En la discusión sobre la reforma electoral hemos explorado el riesgo externo: la posible infiltración del crimen organizado en un sistema con menos financiamiento y menor capacidad de fiscalización. Pero existe otra vertiente igual —o incluso más delicada—: el riesgo interno. No el narco como poder paralelo, sino el propio Estado como poder concentrado.

La reducción presupuestal y estructural del Instituto Nacional Electoral no solo puede abrir espacios a capitales ilícitos; también puede alterar el equilibrio entre el árbitro electoral y el Ejecutivo en turno. En un sistema presidencial fuerte como el mexicano, la autonomía técnica y financiera del órgano electoral ha sido uno de los principales contrapesos al poder central.

Si ese árbitro se debilita, el partido gobernante —hoy encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum— adquiere una ventaja estructural que no depende necesariamente de fraude tradicional, sino de asimetrías institucionales.

La influencia puede operar por vías más sutiles.

Primero, a través de los programas sociales. México ha construido en los últimos años una red amplia de transferencias directas que, si bien atienden necesidades reales, también generan una relación política directa entre beneficiario y Ejecutivo federal. Cuando el órgano electoral carece de recursos suficientes para vigilar el uso electoral de estos programas —su calendarización, promoción, presencia territorial— la frontera entre política social y movilización política puede volverse difusa.

Segundo, mediante la persecución penal selectiva. El control político de la narrativa anticorrupción y la acción penal puede transformarse en una herramienta de presión. Si la fiscalización electoral pierde fuerza y el Ejecutivo concentra capacidad operativa —inteligencia financiera, fiscalías, estructuras administrativas— el riesgo no es solo la impunidad, sino la aplicación diferenciada de la ley. En contextos polarizados, la justicia puede volverse un campo de disputa política.

La historia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos donde la erosión institucional no ocurre de forma abrupta, sino progresiva: primero se reduce presupuesto, luego se ajustan competencias, después se cuestiona legitimidad técnica. El resultado no es necesariamente una dictadura clásica, sino una democracia desequilibrada, donde la competencia sigue existiendo formalmente, pero en condiciones desiguales.

La eliminación o reducción de figuras plurinominales, la compactación de estructuras electorales y la disminución del financiamiento público pueden presentarse como medidas de austeridad o eficiencia. El problema surge cuando esos cambios no se acompañan de blindajes que garanticen autonomía real frente al Ejecutivo.

La democracia no se sostiene únicamente en elecciones periódicas; se sostiene en árbitros fuertes, reglas claras y contrapesos efectivos. El diseño institucional posterior a la transición mexicana respondió precisamente al temor de que el poder presidencial utilizara su posición para inclinar la balanza electoral. Debilitar ese diseño sin rediseñar salvaguardas puede reactivar viejas inercias.

Aquí la discusión no es partidista, sino estructural. Hoy gobierna un proyecto político; mañana puede gobernar otro. Las reglas deben pensarse no para quien ejerce el poder, sino para quien podría abusarlo.

En un escenario donde el crimen organizado presiona por fuera y el Ejecutivo concentra poder por dentro, el sistema electoral se convierte en la línea de contención central. Si esa línea se adelgaza demasiado, la democracia mexicana podría entrar en una fase de predominio prolongado de una sola fuerza política no necesariamente por ausencia de votos, sino por ventaja sistémica.

La pregunta de fondo no es cuánto cuesta la democracia, sino cuánto cuesta perder su equilibrio.