Populismo punitivo en el México de Claudia Sheinbaum

Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez 

En el arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum, el sistema penitenciario mexicano no muestra señales de orden ni de justicia, sino de desbordamiento. Las cifras récord de personas privadas de la libertad (PPL), que el gobierno presume como “avances en seguridad”, deberían leerse exactamente al revés: como el síntoma más visible de una política criminal punitiva, simplista y profundamente autoritaria.

Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, la población carcelaria creció más del 30%, pasando de 197,988 a 256,127 personas. Solo en el primer año del nuevo gobierno el incremento fue de alrededor del 7%, es decir, más de 19,000 nuevos encarcelamientos. Este boom no es casual ni accidental: es el resultado directo de un modelo de seguridad basado en la consigna de “detener primero, investigar después”.

La prisión preventiva como política de Estado.

El núcleo del problema tiene nombre y apellido: prisión preventiva oficiosa. Una figura que cancela el análisis judicial individualizado y convierte la cárcel en una reacción automática, no en una medida excepcional.

Para 2025, más del 52% de las personas privadas de la libertad no cuentan con sentencia. Son más de 133 mil personasencarceladas sin que el Estado haya probado su culpabilidad. En 2018 ese porcentaje era de 30.63%. El salto es brutal y revela algo inquietante: la prisión dejó de ser consecuencia de una condena para convertirse en castigo anticipado.

Este ejército de “inocentes presuntos” sobrevive en penales colapsados, donde la sobrepoblación duplica —y en algunos casos triplica— la capacidad instalada, particularmente en entidades como el Estado de México o Sonora. No es una falla del sistema: es el sistema funcionando como fue diseñado.

Inflar delitos, inflar cárceles.

A la expansión cuantitativa se suma la expansión normativa. En 2024, el artículo 19 constitucional fue reformado para ensanchar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, incorporando extorsión, delitos vinculados al fentanilo y drogas sintéticas, entre otros. Una reforma impulsada más por presiones geopolíticas —particularmente de Estados Unidos— que por evidencia criminológica.

Especialistas lo llaman sin rodeos: “encarcelar por encarcelar”. Lo que antes era pasividad institucional hoy es confrontación masiva, donde las detenciones se exhiben como trofeos políticos, aunque los casos se caigan meses después. La cárcel ya no comunica culpabilidad, sino mera acusación. El número crece, la impunidad permanece.

Castigo para los de siempre.

Como toda política punitiva, el golpe no es parejo. Este modelo criminaliza selectivamente a los mismos de siempre: personas pobres, indígenas, migrantes, jóvenes sin defensa adecuada. Las fiscalías operan como brazos ejecutores del poder político, utilizando la prisión preventiva para fabricar resultados rápidos. El debido proceso estorba; la estadística manda.

La independencia judicial, debilitada por reformas que exaltan la “voluntad popular” por encima del derecho, ha sido incapaz de desmontar esta figura abiertamente inconvencional. La Suprema Corte ha quedado atrapada entre el cálculo político y la omisión histórica, aun cuando está demostrado que la prisión preventiva no reduce la delincuencia ni fortalece la seguridad, pero sí profundiza la crisis humanitaria en las cárceles.

¿Resultados o represión?

En 2025, con más de 21,000 nuevos ingresos a prisión durante el primer tramo del sexenio, el gobierno celebra “resultados concretos” contra el crimen organizado. La pregunta es inevitable: ¿a qué costo?

Un sistema que encarcela sin probar, que castiga sin sentencia y que presume números mientras erosiona derechos no es justicia. Es momento de abandonar la cárcel como atajo político y apostar, de una vez por todas, por investigaciones sólidas, juicios justos y un Estado que castigue con pruebas, no con aplausos.