POR DR. ÁNGEL DARIÉN ZAPATA MARÍN 

Como se anticipó en un artículo previo, la captura de Maduro provocó un sismo político cuyas ondas expansivas aún no terminan de sentirse, pues más allá de los debates jurídicos y diplomáticos, rompió inercias históricas y cimbró los cimientos del orden político regional reconfigurando el equilibrio del poder en el continente el cual aún están en pleno proceso de transformación.

Este episodio no puede leerse de manera aislada. Representa un mensaje sobre la capacidad de intervención y presión de Estados Unidos en su área de influencia, el cual obligó a los países de América Latina, incluido México, a replantear su posición frente a una realidad geopolítica que ya no admite cómodas ambigüedades. La política internacional, como la nacional, rara vez opera por casualidad.

México, por su peso regional y su cercanía estratégica con la potencia norteamericana, no puede sustraerse de este contexto, por ello llama la atención las recientes decisiones políticas internas que, vistas en conjunto, sugieren un reordenamiento más profundo.

La renuncia del senador Adán Augusto López Hernández a la Junta de Coordinación Política del Senado, si bien se inscribe formalmente en una estrategia electoral del partido gobernante, no deja de ser significativa. En política, como es sabido, las coincidencias suelen ser solo aparentes. Este movimiento puede interpretarse como una pieza más dentro de un tablero que se está reacomodando, en un momento donde las definiciones internas comienzan a alinearse con presiones y escenarios externos.

A esto se suma el envío de otra “remesa” de figuras del crimen organizado hacia la nación norteamericana, así como la suspensión del envío de crudo a Cuba y las declaraciones de políticos estadounidenses que ya analizan escenarios de transición política en la isla, aún bajo el mando de Miguel Díaz-Canel. Todo ello refuerza la idea de que estamos frente a una estrategia regional más amplia, donde economía, seguridad y política exterior se entrelazan. Nada de esto ocurre sin antecedentes ni sin cálculo. Los días y meses subsecuentes irán revelando cómo se acomodan las fichas y quiénes resultan beneficiados o desplazados en este nuevo equilibrio.

Mientras los reflectores se concentran en los grandes movimientos del poder global y nacional, la realidad local sigue golpeando con fuerza. En Cuernavaca, la violencia no cede. A pesar de los esfuerzos visibles del Estado mediante la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en las calles, los hechos recientes —asesinatos de policías en funciones, robos, daños a la propiedad y un clima generalizado de inseguridad— dibujan un escenario que recuerda, para muchos ciudadanos, a un “salvaje oeste” contemporáneo. Grupos criminales parecen disputar territorios que se resisten a perder, mientras las autoridades enfrentan una lucha compleja por recuperar el control efectivo del espacio público y garantizar la seguridad que constitucionalmente les corresponde brindar. El contraste entre los discursos de pacificación y la experiencia cotidiana de la ciudadanía es cada vez más evidente.

En medio de este panorama, la vida continúa. Pronto llegarán los tamales, a costa de alguien más por haber encontrado al niño Dios en la Rosca de Reyes, o por el gusto de celebrar nuestras tradiciones. Es en estos momentos donde se hace más visible el profundo contraste social: mientras algunos celebran, otros intentan reconstruir lo perdido o lloran a sus muertos.

La normalidad avanza de forma desigual. Para unos, la crisis es una nota más en el periódico; para otros, es una herida abierta que condiciona cada aspecto de su vida cotidiana. Otro ejemplo de esta desigualdad estructural se encuentra en el sistema de gestión y aprobación de pensiones en el estado de Morelos, pues diversos artículos periodísticos han evidenciado que este sistema se ha convertido en un verdadero viacrucis para los trabajadores de a pie, quienes con frecuencia deben recurrir al juicio de amparo para lograr que sus pensiones sean tramitadas.

En contraste, existen casos de servidores públicos que, sin cumplir cabalmente con la edad o los requisitos legales (incluso hubo un pronunciamiento reciente de la nueva SCJN respecto de las “jubilaciones doradas”), han accedido a pensiones de manera rápida y sin mayores obstáculos. Esta disparidad ha alimentado la percepción de un sistema que premia las conexiones y castiga al trabajador común.

Ante ello, cada vez más voces plantean la necesidad de una reforma estructural que otorgue certidumbre, establezca reglas claras y limite los excesos. Sin embargo, el debate no está exento de resistencias, particularmente en un contexto de fragilidad económica y presión sobre las finanzas públicas (al respecto cabe recordar la falta de pago en las percepciones de diversos trabajadores tanto del Poder Judicial Local, como en trabajadores de confianza del Congreso del Estado, entre otros -jubilados de otros sectores-).

La política, tanto en el ámbito internacional como en el local, rara vez ofrece respuestas inmediatas. Los procesos que hoy observamos son apenas el inicio de transformaciones más profundas. El tiempo será el encargado de revelar si las decisiones actuales responden a una visión de largo plazo o si simplemente profundizan las desigualdades existentes.

Por ahora, lo único cierto es que el mundo se está moviendo, y sus efectos, tarde o temprano, alcanzan todos los rincones: desde los grandes salones del poder hasta las calles de nuestras ciudades.