Por: Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

Existe una máxima popular que define la locura como la repetición obstinada de una misma conducta esperando resultados distintos. En México, esta lógica parece haberse convertido en una constante institucional en materia de política pública sobre telecomunicaciones. En menos de dos décadas, el Estado ha intentado, bajo distintos nombres y narrativas, construir un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil: primero el RENAUT, luego el PANAUT y, ahora, el denominado Registro de Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, vigente desde los primeros días de 2026.

La nueva normativa, emitida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, introduce una obligación clara para los usuarios: asociar su línea telefónica a datos biométricos personales bajo la advertencia de suspensión del servicio en caso de incumplimiento. Más allá del debate técnico, esta medida plantea una pregunta de fondo que trasciende lo jurídico: ¿estamos frente a una política de seguridad eficaz o ante un nuevo mecanismo de control social administrado desde el Estado?

La narrativa de la seguridad.

El discurso gubernamental que acompaña al registro parte de una premisa atractiva: la identificación plena de los usuarios permitiría reducir delitos como la extorsión telefónica. Sin embargo, desde una perspectiva analítica, esta narrativa presenta fragilidades evidentes. La experiencia comparada y los intentos previos en México sugieren que las organizaciones criminales tienden a adaptarse rápidamente a los marcos regulatorios, utilizando mecanismos alternativos que eluden el control estatal.

En este contexto, el riesgo es que la política termine impactando de manera desproporcionada al ciudadano ordinario, mientras los actores criminales continúan operando por vías paralelas. Ello abre la puerta a una inversión problemática de la lógica de seguridad: en lugar de focalizar la investigación en conductas delictivas específicas, se amplía el perímetro de vigilancia sobre la población en general.

El rediseño del terreno jurídico.

Uno de los elementos que distingue el escenario actual de los intentos anteriores no es la tecnología, sino el contexto procesal. La reforma a la Ley de Amparo publicada en 2024 modificó sustancialmente la manera en que los tribunales pueden intervenir frente a normas generales potencialmente inconstitucionales.

Desde una lectura político-jurídica, este cambio redujo el alcance colectivo del control judicial y fragmenta la defensa de derechos fundamentales. La justicia constitucional deja de operar como un mecanismo de protección amplia y se convierte en una herramienta de acceso individualizado, dependiente de recursos económicos, conocimiento técnico y capacidad de litigio.

La consecuencia social de este nuevo entorno es difícil de ignorar. En términos políticos, se perfila una ciudadanía estratificada. Aquellos con acceso a asesoría legal especializada pueden recurrir a mecanismos de defensa constitucional y mantener intacta su esfera de privacidad. Para el resto, la opción es cumplir con el registro o enfrentar la desconexión.

El factor institucional.

Finalmente, cualquier análisis serio debe considerar el papel de las instituciones encargadas de revisar la constitucionalidad de estas medidas. La Suprema Corte opera hoy en un contexto político distinto al de años anteriores, con una integración que refleja cambios profundos en la relación entre poderes.

Sin anticipar decisiones ni atribuir intenciones, es razonable advertir que el margen de incertidumbre se ha ampliado. La discusión ya no es solo jurídica, sino también institucional: ¿hasta dónde llegará la disposición del máximo tribunal para confrontar políticas emblemáticas del proyecto político en curso?

Conclusión.

El registro de telefonía móvil de 2026 puede entenderse menos como una solución técnica y más como un síntoma. Refleja una forma de gobernar que apuesta por el control administrativo de la población como respuesta a problemas complejos de seguridad, desplazando el foco desde la inteligencia criminal hacia la vigilancia generalizada.

Desde el ámbito jurídico, la batalla continuará en los tribunales, utilizando los resquicios que aún ofrece el sistema. Pero desde el análisis político, el desafío es mayor: reconocer que la erosión de la privacidad no ocurre de manera súbita, sino como resultado de decisiones graduales, normalizadas y, muchas veces, aceptadas por una sociedad cansada y desmovilizada. El dilema ya no es solo legal. Es, fundamentalmente, político.

Pero como siempre usted tiene la mejor opinión.

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