POR DR. ÁNGEL DARIÉN ZAPATA MARÍN

El pago oportuno e íntegro del salario no es una concesión graciosa ni una dádiva sujeta a la discrecionalidad presupuestaria; constituye una obligación constitucional, legal y ética del Estado, y al mismo tiempo una garantía de estabilidad para las familias de las y los trabajadores, así como un elemento indispensable para la continuidad y calidad de los servicios públicos.

La importancia del pago oportuno a los servidores públicos trasciende la relación laboral individual, ya que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar servicios esenciales —como la impartición de justicia y la labor legislativa—.

Por ello, resulta especialmente preocupante que durante la denominada cuesta de enero se hayan presentado múltiples incidencias tanto a nivel local como federal relacionadas con la falta de pago de percepciones a trabajadores del sector público, pues en Morelos trabajadores de juzgados locales se vieron obligados a iniciar paros de labores ante la ausencia de pagos que ya habían sido devengados; lo mismo ocurrió con personal del Congreso, mientras que trabajadores del Poder Judicial de la Federación manifestaron su inconformidad por la omisión en el pago de una percepción específica (concepto 144).

Estos hechos obligan a formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cómo es posible que instituciones encargadas de garantizar la legalidad, la constitucionalidad y el funcionamiento democrático del país incumplan con obligaciones laborales básicas?

La falta de pago oportuno no puede justificarse bajo argumentos administrativos, la planeación financiera del Estado debe prever entre otros aspectos prioritarios el cumplimiento de los compromisos laborales. Cuando ello no ocurre, no solo se afecta a las personas trabajadoras, sino que se pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales, como la impartición de justicia y la función legislativa, pilares fundamentales del Estado de derecho.

Además, la normalización de estas omisiones envía un mensaje peligroso: que el respeto a los derechos laborales puede postergarse sin consecuencias reales. Esto erosiona la legitimidad institucional y coloca a los trabajadores en la injusta disyuntiva entre callar y soportar o protestar y ser señalados por la suspensión de actividades que, en realidad, es consecuencia directa de la irresponsabilidad patronal del propio Estado.

Resulta paradójico que, mientras se exige eficiencia, profesionalismo y compromiso al personal público, no se garantice la certeza económica mínima para que puedan desempeñar sus funciones con dignidad. La estabilidad laboral no es un privilegio; es una condición necesaria para que las instituciones operen con normalidad y para que las decisiones públicas se tomen sin presiones externas derivadas de conflictos laborales evitables.

La reiteración de estos episodios durante la cuesta de enero revela un problema estructural que debe atenderse con seriedad: la falta de previsión, de responsabilidad administrativa y de respeto efectivo a los derechos laborales. Corregir esta situación no solo es una exigencia legal, sino un imperativo social.

Además, el impago contrasta con el incremento sostenido en el pago de derechos y servicios básicos tales como el agua potable, predial y otros cobros municipales, a los que se suma, a nivel estatal, el aumento en el costo del refrendo vehicular o la verificación de vehículos, los que han generado un profundo malestar social, pues se perciben como medidas desproporcionadas en un contexto de ingresos estancados a los que se suma la subida constante en los precios deinsumos indispensables para la vida cotidiana tales como el gas, la energía eléctrica y gasolina, aspectos que han provocado en amplios sectores de la población enfrenten una reducción real de su poder adquisitivo.

Este escenario – que puede percibirse fácilmente como un polvorín- explica porque las personas trabajadoras, ante tales tensiones calificadas por la patronal como meras “omisiones” o “ajustes administrativos” -minimizado su impacto y el descontento en los trabajadores-; sean abiertamente hostiles e intolerantes, estando dispuestos -incluso- a iniciar acciones tales como el paro de labores entre otras de carácter político y administrativo.

Por ello, garantizar el pago oportuno de las prestaciones laborales es, en última instancia, garantizar justicia social, estabilidad institucional y continuidad en los servicios públicos. Cualquier Estado que aspire a la legalidad y a la legitimidad no puede permitirse fallar en este deber elemental.

El impago no debe convertirse en una “tradición” de inicio de año o en una herramienta de presión política. El cumplimiento de la ley debe empezar en casa, pues debe garantizarse la Estabilidad del Estado y del Servicio Público. El correcto funcionamiento del Estado depende de la certeza de sus procesos, y el pago puntual es el proceso primario de cualquier estructura organizada.