Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

Analista político y jurista

La historia constitucional reciente de México permite una lectura incómoda pero necesaria: en apenas quince años transitamos de una Constitución orientada a la expansión de los derechos humanos a un modelo de poder que privilegia el castigo, la excepción y la desconfianza hacia el ciudadano. 

La Reforma Constitucional de 2011 —impulsada bajo gobiernos emanados del PAN— representó el punto más alto del constitucionalismo de derechos en México. No fue una reforma simbólica ni discursiva: transformó el lenguaje jurídico, la jerarquía normativa y la función misma del juez. Al sustituir el paradigma de las “garantías individuales” por el de derechos humanos, el Estado reconoció algo esencial: que los derechos no se conceden, se reconocen; que existen antes y por encima del poder político.

Ese proyecto comenzó a erosionarse a partir de 2018 y, para 2026, puede afirmarse que ha sido sustituido por otro diametralmente opuesto: el del Estado punitivo, impulsado y consolidado bajo los gobiernos de Morena. No por accidente, sino por convicción política.

El nuevo paradigma parte de una premisa peligrosa: que los derechos humanos estorban a la eficacia del poder; que la presunción de inocencia es un lujo incompatible con la gobernabilidad; que la prisión preventiva es una herramienta legítima de política pública. La expansión de la prisión preventiva oficiosa, el debilitamiento sistemático del juicio de amparo, la normalización del arraigo y la resistencia abierta a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son anomalías técnicas ni desviaciones coyunturales: son expresiones coherentes de un modelo que privilegia el control por encima de la legalidad.

El contraste político es evidente. Mientras el constitucionalismo de 2011 partía de la premisa de que el poder debía ser limitado para ser legítimo, el proyecto actual asume lo contrario: que el poder se legitima por su capacidad de castigar. Donde antes se hablaba de derechos, hoy se habla de enemigos. Donde antes se exigía motivación y prueba, hoy basta la imputación. Donde antes el juez era garante, hoy se le presiona para convertirse en ejecutor.

La paradoja es profunda. México conserva formalmente una de las constituciones más avanzadas en materia de derechos humanos de la región, pero opera —en la práctica penal— como un Estado que desconfía de su propio texto constitucional. El artículo 1º convive en tensión permanente con un artículo 19 hipertrofiado. La Constitución promete derechos que la política criminal se encarga de vaciar.

Esta deriva encuentra hoy su expresión más clara en la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Nacional de Procedimientos Penales, actualmente suspendida en el Senado. Presentada bajo la fachada de proteger a los juzgadores mediante la figura de los llamados “jueces sin rostro”, la propuesta encierra, en realidad, un endurecimiento estructural del sistema penal. 

La prospectiva para 2026, en consecuencia, no es optimista si no se reconoce esta ruptura de origen. No se trata de mejorar procedimientos ni de ajustar criterios aislados, sino de definir qué tipo de Estado queremos ser: uno que gobierna desde la ley o uno que gobierna desde la cárcel.

El riesgo mayor no es únicamente jurídico, sino cultural. Cuando la prisión sin sentencia se normaliza, cuando el desacato internacional se justifica y cuando el castigo sustituye a la argumentación, el Estado deja de ser garante y se convierte en adversario. Y un Estado que trata a sus ciudadanos como sospechosos termina, inevitablemente, debilitando su propia legitimidad.

México inicia 2026 con una disyuntiva clara: recuperar el espíritu garantista que alguna vez asumió como compromiso constitucional, o profundizar el modelo punitivo que hoy define su política criminal. No es una discusión técnica ni ideológica. Es una discusión sobre el límite del poder. Parte de la Constitución de 2011 sigue ahí. La pregunta es si el Estado todavía está dispuesto a obedecerla.

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