Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez.
Analista político y jurista.
La política mexicana ha entrado en una fase inédita. La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) y la inmediata irrupción de operadores cercanos a Omar García Harfuch en los puntos neurálgicos de la institución no constituyen un movimiento aislado, ni un simple reacomodo burocrático. Son el signo más visible de un proceso profundo: la consolidación de un Mando Único de facto, ahora extendido hacia un terreno que nunca había sido capturado de manera simultánea: la investigación, la seguridad y la judicatura.
El artículo 102 constitucional, que en su letra consagra la autonomía del Ministerio Público, hoy funciona más como un recordatorio histórico que como una garantía viva. Con la llegada de perfiles como Héctor Elizalde Mora a la Agencia de Investigación Criminal o César Oliveros a la FEMDO, la frontera entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR se ha vuelto casi simbólica. La policía preventiva, la policía investigadora y el Ministerio Público operan —por primera vez— bajo una misma lógica de mando.
Los vacíos institucionales de sexenios anteriores fueron tardíamente cuestionados o limitados:
- Con Genaro García Luna nunca se logró subordinar plenamente a la PGR ni doblegar al Poder Judicial.
- Con los intentos de centralización de Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación, la inercia burocrática y cierta autonomía de la PGR diluyeron operativos de control absoluto.
Hoy no existe ninguno de esos contrapesos. Los diques institucionales han sido removidos y, con ellos, la última barrera entre la seguridad nacional y el poder civil que la administra.
En un México cada vez más militarizado, la figura de Omar García Harfuch ocupa un espacio peculiar: no es un civil distante del ámbito castrense, pero tampoco un militar orgánico. Su ascendencia familiar —nieto del general Marcelino García Barragán, ex Secretario de la Defensa, e hijo de Javier García Paniagua, ex director de la DFS y presidente del PRI— le otorga un código simbólico propio en el imaginario militar.
Donde García Luna era visto como un intruso, Harfuch se presenta como un heredero natural del mando. Esta bisagra política facilita una coordinación que en otros tiempos habría sido imposible: Marina, Ejército, SSPC y Fiscalía trabajando bajo la misma directriz estratégica. Ya no se trata de una alineación táctica; se trata de un alineamiento vertical.
Lo que hace de este momento histórico algo cualitativamente distinto es el tercer vértice de la ecuación: el Poder Judicial. Antes, incluso con la Fiscalía y la seguridad operando al unísono, quedaba la posibilidad de que un juez federal frenara excesos, desestimara pruebas fabricadas o concediera un amparo incómodo.
Esa válvula se ha cerrado.
La reforma judicial y la reconfiguración de la Suprema Corte —junto con designaciones de jueces afines— han generado un escenario donde el Ejecutivo no solo investiga y acusa —directa o indirectamente—, sino que también incide en quién juzga y cómo juzga. Esto completa un circuito que la historia mexicana había coqueteado con construir, pero jamás había logrado cerrar.
Hoy el proceso funciona así:
- La SSPC define el objetivo y produce la inteligencia.
- La FGR formaliza la acusación.
- Los jueces afines otorgan la orden, validan la narrativa y dictan la sentencia.
El ciudadano queda atrapado en un sistema donde todos los engranes responden a una sola fuerza motriz.
Quienes privilegian la eficacia celebrarán un sistema capaz de actuar sin fricciones institucionales. Se acabaron las fugas procesales, las órdenes negadas y la llamada “puerta giratoria”.
Pero para cualquier jurista o analista democrático, la advertencia es clara: hemos construido la maquinaria perfecta para la indefensión, un aparato donde el poder político puede transformar su voluntad en veredicto sin resistencia real. Sin embargo, la mejor opinión la tiene usted.
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