Por Miriam Luna Álvarez y Brenda Denisse Renteria Cervantes.

Desde 2016, Algaraza realiza acciones de incidencia social, política y acompañamiento estratégico a personas en conflicto con la ley penal en Morelos. La mayoría de quienes integramos esta organización somos personas jóvenes originarias de Morelos que vivimos la prisión en carne propia de múltiples maneras, lo que nos ha permitido comprender, de manera directa, las diversas violencias que atraviesan quienes son encarceladas. Por ello, estamos comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la construcción de caminos hacia la justicia restaurativa, centrados en la dignidad de quienes han sido históricamente vulneradas.

En este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es urgente que el Estado reconozca la violencia institucional que afecta a las mujeres privadas de la libertad. En Morelos, el 46.3% de las mujeres privadas de la libertad no tiene sentencia, muchas por la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa, que funciona como un mecanismo de castigo anticipado. La prisión preventiva rompe familias, profundiza desigualdades y mantiene a las mujeres en un limbo jurídico prolongado durante meses o años.

Aunque las autoridades realizan esfuerzos, la realidad es que las cárceles siguen sin perspectiva de género, reproduciendo y agudizando las violencias estructurales que las mujeres ya sufrían en libertad. Las leyes como la de Amnistía, no ha logrado la liberación de ninguna mujer en Morelos. Las cárceles fueron diseñadas por y para hombres; atender estas desigualdades requiere voluntad política y cambios estructurales urgentes.

Desde Algaraza hacemos un llamado claro y urgente: es necesario tejer puentes entre la acción institucional y la sociedad, involucrando a organizaciones civiles, academia, medios de comunicación y ciudadanía, para que los centros de reclusión se transformen en espacios que respeten derechos, garanticen dignidad y promuevan justicia restaurativa.

Como parte de estas acciones, hemos desarrollado Oasis. Escritos de libertades, fruto del taller de escritura “Letras que transforman”, realizado durante año y medio con mujeres jóvenes privadas de la libertad. Este proyecto humaniza los espacios de encierro, combate la estigmatización y abre brechas de libertad al permitir que las mujeres narren sus historias, reivindicando sus voces y derechos.

Para nosotras es importante no mirarlas como cifras o expedientes, sino como sujetas de derechos cuya historia fue marcada por violencias que no debieron debieron normalizarse. Resignificar implica romper con la mirada punitiva que las reduce a su delito.  El resignificar es un acto político, es mirar con profundidad, comprender los contextos, nombrar las desigualdades y acompañar procesos que restituyan su dignidad.

Exigimos al gobierno entrante que se destinen recursos a la prevención terciaria, se fortalezca la defensa pública, se garanticen procesos judiciales libres de discriminación y se dé continuidad a las mesas intersecretariales. Asimismo, hacemos un llamado a los medios, la sociedad civil, la academia y el sector empresarial para involucrarse activamente en proyectos que dignifiquen la vida de las mujeres privadas de la libertad.

En este 25 de noviembre, reiteramos que erradicar la violencia contra las mujeres también implica transformar las cárceles y el sistema penal. Ninguna mujer debe enfrentar abandono, injusticia, ni castigo sin sentencia. 

No estamos todas: nos faltan las mujeres privadas de la libertad. La justicia y la dignidad no pueden esperar.

Algaraza, hacia la justicia social y restaurativa: 

Miriam Luna Álvarez y Brenda Denisse Renteria Cervantes.

Oficiales de reinserción social.