Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

Analista político y jurista.

El reciente nombramiento de Edgar Maldonado Ceballos como Secretario de Gobierno en Morelos no es un simple movimiento administrativo. Es la evidencia más clara de que el partido que prometió sepultar las viejas prácticas priistas ha terminado por reproducirlas con absoluta naturalidad. El comunicado oficial habla de “fortalecer la conducción política” y “garantizar la estabilidad institucional”. Pero detrás del lenguaje diplomático se esconde una decisión que vulnera los principios más básicos de autonomía y separación de poderes.

En el fondo, no se trata de un enroque técnico, sino de una regresión política.

El Fiscal General del Estado es, por diseño constitucional (artículo 91-B de la Constitución de Morelos), un órgano autónomo. El Secretario de Gobierno, por el contrario, es el segundo al mando del Poder Ejecutivo (artículo 61). Ambos cargos son incompatibles por esencia, como lo son la independencia y la subordinación.

Para que el nombramiento de Maldonado Ceballos fuera válido, su renuncia como fiscal debía ser presentada, procesada y aceptada por el Congreso, que fue quien lo designó (artículo 40, fracción XLIV). Si esta renuncia fue tramitada en “fast track” minutos antes del anuncio, el Congreso se redujo a una oficialía de partes del Ejecutivo.

El problema no es solo de forma, sino de fondo. La figura del fiscal fue creada para no depender del poder político, pero este nombramiento demuestra que su autonomía era una ilusión. En Morelos, el fiscal no se va: lo ascienden. Este cambio cierra un ciclo que desnuda el verdadero propósito del diseño institucional en el estado.

Maldonado Ceballos no deja una Fiscalía fortalecida ni un proyecto consolidado, sino una institución fragmentada y en crisis.

Apenas en septiembre, durante su Primer Informe Semestral, presumía cinco ejes estratégicos: atención a víctimas, atención ciudadana, protección de mujeres y menores, combate a la impunidad y reestructura operativa. Días después, abandona todo para asumir un cargo político. Ese gesto habla más que cualquier comunicado: la Fiscalía no es un destino de servicio público, sino un trampolín de carrera. Y el mensaje al sucesor es inequívoco: la lealtad política vale más que la independencia jurídica.

La realidad de seguridad en Morelos es devastadora. Según la ENVIPE 2024, el 90,1% de los habitantes se siente inseguro. La cifra negra —delitos no denunciados o sin investigación— alcanza el 92,7%, una de las más altas del país.

Los delitos de alto impacto, lejos de disminuir, aumentaron durante su gestión:

• Feminicidios: +50%
• Robo de vehículo con violencia: +34%
• Violencia familiar y extorsión: sin contención real.

Morena prometió ser la antítesis del PRI. Hoy, sus gobiernos replican con precisión quirúrgica el modelo que alguna vez criticaron: el del partido de Estado, el del control político disfrazado de estabilidad, el del Congreso sometido y la autonomía simulada. 

Lo que ocurrió en Morelos no es un hecho aislado. Es un síntoma nacional: fiscales convertidos en operadores, congresos subordinados y gobernadores que confunden autoridad con control. El caso Maldonado Ceballos demuestra que la “transformación” terminó siendo un espejo del pasado. Cambió el discurso, pero no el método. Cambió el color, pero no la lógica.

El gobierno celebra que “consolida un equipo preparado para conducir la transformación rumbo al 2030”. En realidad, lo que consolida es un círculo de lealtades personales, donde la obediencia vale más que la competencia.

La autonomía de la justicia —esa que el constituyente local quiso blindar— ha sido desmontada con una simple llamada telefónica desde el palacio de gobierno. Y mientras tanto, el ciudadano común sigue viviendo con miedo, con desconfianza y con la certeza de que, en Morelos, como en el viejo PRI, la ley depende de a quién se obedece. La mejor opinión es la que tiene usted.