El gobierno de Claudia Sheinbaum está impulsando una reforma que busca eliminar la autonomía de las fiscalías en México, tanto a nivel federal (Fiscalía General de la República, FGR) como en los 32 estados. Esta reforma devolvería al Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales el poder para designar a los titulares de las fiscalías, tal como ocurría antes de la reforma de 2014, que les otorgó independencia del poder político. El cambio también permitirá que los fiscales sean removidos por los mandatarios en turno.

La reforma es promovida por Morena y se justifica bajo el argumento de que la autonomía de las fiscalías ha creado obstáculos para la procuración de justicia, ya que algunos fiscales, ligados a gobiernos de oposición, obstruyen investigaciones y combaten la corrupción de manera parcial. 

Ejemplos como el de Guanajuato, Morelos y Tamaulipas se citan para mostrar cómo fiscalías vinculadas a gobernantes opositores han dificultado investigaciones sobre corrupción y crimen organizado, afectando la gobernabilidad y el combate a la impunidad. 

En Morelos, el caso de Uriel Carmona, fiscal destituido tras controversias políticas con el gobernador de Morena Cuauhtémoc Blanco, ejemplifica cómo una fiscalía, nombrada bajo el régimen del PRD, obstaculizó la gestión de justicia de un gobierno diferente al que lo había designado. Este tipo de conflictos resalta la necesidad de una mayor coordinación entre los ejecutivos y las fiscalías, según los impulsores de la reforma.

En cuanto al impacto, la reforma podría debilitar la independencia judicial, regresando a una situación donde las fiscalías estén subordinadas a los intereses políticos del Ejecutivo. Esto se podría traducir en una mayor politización de la justicia, donde los fiscales respondan más a los intereses de los gobiernos en turno que a la objetividad y el interés público.

La reforma está en proceso de discusión y podría aprobarse en el próximo periodo de sesiones del Congreso. El borrador prevé que los actuales fiscales puedan concluir su mandato, pero que los futuros fiscales sean designados por los gobernantes. Esto resuelve la incertidumbre sobre si el actual fiscal, Alejandro Gertz Manero, terminará su mandato en 2028.

En términos de los beneficios que argumenta Morena, la reforma podría agilizar investigaciones y mejorar la coordinación entre el Ejecutivo y las fiscalías, eliminando los obstáculos creados por fiscalías autónomas que, según su visión, no cumplen con su función de manera efectiva. Sin embargo, especialistas señalan que la reforma no resolvería los problemas estructurales de las fiscalías, como la falta de un servicio profesional de carrera, que son necesarios para mejorar realmente el sistema de justicia en el país.

En resumen, la reforma propuesta por Sheinbaum busca un mayor control político de las fiscalías, argumentando que esto facilitaría la lucha contra la corrupción y el crimen, pero también podría poner en riesgo la independencia judicial y profundizar la politización del sistema de justicia.