El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República expresó su rechazo a la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones presentada por el Ejecutivo federal, al considerar que su contenido contraviene principios constitucionales relacionados con la libertad de expresión y el funcionamiento de los órganos autónomos.

Durante la sesión legislativa, legisladores del PRI desplegaron carteles con mensajes en los que manifestaron su oposición al proyecto, entre ellos: “Ley mordaza no es defensa de la soberanía” y “Morena censura”. El senador Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del partido, cuestionó los alcances del artículo 109, el cual, dijo, permitiría al Estado bloquear plataformas digitales sin necesidad de una resolución judicial. En su intervención, afirmó que este tipo de disposiciones podrían limitar la circulación de información en medios de comunicación, redes sociales y otros canales digitales.

El senador también señaló que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones —organismo que se propone crear en la iniciativa— concentraría facultades que actualmente corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo cual, en su opinión, representa una contravención al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por comprometer la autonomía regulatoria que dicho instrumento internacional exige.

En sus declaraciones, Moreno Cárdenas sostuvo que la reforma en discusión podría usarse para restringir la difusión de información relacionada con problemáticas como la inseguridad, desapariciones y otros asuntos de interés público. Agregó que su partido continuará señalando los posibles riesgos que, desde su perspectiva, esta propuesta implicaría para el ejercicio de derechos fundamentales.

Por medio de su cuenta oficial en la red social X, el PRI publicó una serie de observaciones sobre diversos artículos del proyecto, advirtiendo sobre la eventual eliminación de contrapesos institucionales, así como la posibilidad de otorgar atribuciones discrecionales al nuevo órgano regulador. En sus publicaciones, el partido advirtió que la reforma podría permitir al gobierno intervenir en el contenido de los medios de comunicación, lo cual interpretan como un intento de control sobre la narrativa informativa.

El partido concluyó su posicionamiento afirmando que la legislación no ofrece garantías suficientes para proteger la libre manifestación de ideas ni los estándares establecidos en tratados internacionales suscritos por México.