El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció el regreso a actividades en todos los tribunales y juzgados del país, a partir del 24 de octubre, tras el paro de trabajadores que se opusieron a la reciente Reforma Judicial.

El Pleno del Consejo indicó que los líderes de los tribunales deben cumplir con las normas administrativas para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de justicia. Las áreas administrativas tendrán la autoridad para imponer sanciones, incluidas multas, a quienes no asistan a trabajar desde el 24 de octubre.

Se ha instruido al Coordinador de Seguridad para brindar apoyo a los jueces y magistrados que requieran acceso a los edificios, según un comunicado firmado por el magistrado Juan Carlos Guzmán Rosas, secretario ejecutivo del CJF.

La votación del Consejo contó con el respaldo de varios consejeros, mientras que la ministra presidenta y otros dos consejeros manifestaron su oposición.

Desde el viernes, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) han decidido mantener una suspensión parcial de actividades, limitándose a atender únicamente casos urgentes. Este paro fue una respuesta a la Reforma Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

La reforma, aprobada en septiembre por el Congreso, establece la elección por voto popular de los jueces. La primera elección está programada para el 1 de junio del próximo año, donde se renovarán varios altos cargos, incluido el número de ministros de la Suprema Corte, que pasará de 11 a 9.

El oficialismo argumenta que esta transformación es esencial, alegando que el sistema actual no sirve a la población y responde a intereses criminales. Sin embargo, la reforma ha suscitado inquietud entre inversionistas y socios comerciales, que temen un posible debilitamiento del equilibrio de poderes y un impacto negativo en el clima de negocios.

La Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) se ha declarado competente para evaluar si la Reforma Judicial afecta la autonomía del Poder Judicial y la independencia de sus integrantes.