Por Otto Alberto Pérez

La alcaldía de Cuernavaca responde al crimen con la recomendación de inmovilidad ciudadana y la privatización de facto de la seguridad. Bajo la gestión de José Luis Urióstegui Salgado, la capital de Morelos consolida su presencia en el mapa de las ciudades más violentas del país, con la tolerancia de un cabildo silente.

Cuando el titular del Ejecutivo municipal instruye a la población a “ocultarse y agacharse” ante las balas, el pacto social se resquebraja. “Desafortunadamente, no se puede hacer nada […] lo único es ocultarse, agacharse; no hay otra manera”, declaró José Luis Urióstegui Salgado en octubre de 2025. Esta admisión de impotencia no fue un lapsus: constituyó la declaratoria oficial de un gobierno que ha abdicado, en los hechos, al monopolio de la fuerza legítima y al control efectivo de las calles.

La claudicación institucional se manifiesta en la delimitación administrativa de la supervivencia. Tras el ataque armado en el estacionamiento de Home Depot en Lomas de Cortés —que dejó un hombre herido de bala en el abdomen y una mujer despojada de sus pertenencias—, el edil estableció una frontera clara: “De la puerta para adentro es responsabilidad de las empresas; de la puerta para afuera es responsabilidad del municipio”. Delegar la garantía de integridad al capital privado certifica una falla estructural en el diseño local de contención delictiva.

La inoperancia gubernamental cuenta con respaldo estadístico incuestionable. Según el ranking 2025 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, Cuernavaca se ubica entre las 50 ciudades más violentas del mundo y forma parte de las 17 urbes mexicanas en esa lista negra. 

A nivel nacional, la capital morelense se encuentra entre las más peligrosas del país, superada solo por municipios como Culiacán, Ciudad Obregón, Manzanillo, Zamora, Colima, Acapulco, Irapuato, Juárez, Tijuana y Celaya.

La frontera jurisdiccional que argumenta la presidencia municipal falla incluso en los espacios que reconoce como propios. Cuernavaca mantiene el liderazgo estatal en letalidad, con cifras de homicidios dolosos que, aunque muestran variaciones anuales, reflejan una persistente vulnerabilidad. 

El Observatorio Nacional Ciudadano y reportes locales documentan además la diversificación delictiva: el narcomenudeo y el robo de vehículos continúan golpeando con fuerza el tejido social y económico de la ciudad.

Este quiebre de la seguridad pública avanza en paralelo con la asfixia financiera del aparato municipal. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAC) arrastraba una deuda millonaria con la Comisión Federal de Electricidad que paralizaba pozos de abastecimiento y generaba constantes movilizaciones ciudadanas, estrangulando la vialidad y las perspectivas de reactivación comercial. 

Aunque en 2025 se firmó un convenio para reestructurar parte de esa deuda, el pasivo acumulado sigue evidenciando una gestión crónicamente deficitaria.

El colapso de Cuernavaca se produce en medio de una orfandad política casi absoluta. El cabildo ha evadido una fiscalización rigurosa de la quiebra técnica del organismo de agua, adoptando una postura de complicidad pasiva ante las omisiones del Ejecutivo.

El desastre actual no es un simple bache administrativo: representa la cristalización de una impunidad sistémica en la que las autoridades administran la capitulación parcial del Estado y la ciudadanía recibe, por decreto oficial, la instrucción de sobrevivir de rodillas.