MILLONARIO NEGOCIO ENTRE LA CATEM, NGS Y EL ALCALDE DE CUERNAVACA 

Por Daniel Alcaraz 

Hoy en Cuernavaca las banquetas y avenidas están concesionadas y convertidas en piso de negocio, con esquinas tomadas, fuego encendido y cilindros de gas operando sin control visible. Existe todo un andamiaje de corrupción en donde el gobierno del Municipio de Cuernavaca, coludido con agrupaciones “obreras”, venden protección a todo tipo de vendedores que disponen de la vía pública como si se tratase de propiedad privada.

El Ayuntamiento reconoce alrededor de mil 600 comerciantes en vía pública. La Cámara de Comercio sostiene que la cifra rebasa los 5 mil. La brecha evidencia el tamaño de negocio que el gobierno municipal busca ocultar. Así, la calle dejó de ser de todos y pasó a ser del alcalde José Luis Urióstegui Salgado y sus cómplices. 

A la ocupación permanente se suma un flujo adicional cada fin de semana. Más de 1,000 vendedores, según versiones del propio sector comercial, llegan de entidades como el Estado de México y Michoacán, y convierten la ciudad en un tianguis abierto. Barbacoa, carnitas, anafres, tanques de gas, mesas y toldos instalados donde haya espacio. Sin verificación visible de Protección Civil ni gobernación municipal. El riesgo se normaliza porque la autoridad se ausenta y lo permite.

Detrás de esta expansión hay un mecanismo de control territorial. Agrupaciones como la CATEM y otras como el Nuevo Grupo Sindical NGS, funcionan como intermediarios. Asignan lugares, ordenan zonas y cobran cuotas semanales que van de 70 a 200 pesos. Es una red de corrupción y protección de comercio irregular, que administra el espacio público como activo propio y que logra dividendos de millones de pesos al mes, botín del que recibe su parte los que debieran evitar y regular este tipo de acciones.

Empresarios del comercio organizado describen un flujo constante de #dinero. Con una base conservadora de miles de puestos y cuotas semanales, las cifras alcanzan montos de cientos de miles de pesos cada semana. En ese mismo entorno, integrantes del sector sostienen que una parte de esos recursos se canaliza hacia la estructura municipal. Se habla de un porcentaje cercano a una quinta parte. Nada de esto ha sido transparentado ni desmentido con información verificable.

La conducta de la autoridad alimenta esa percepción. Inspectores que no actúan, operativos que no llegan y una regla práctica que se repite en la calle. Si hay distintivo de CATEM o del NGS, no hay intervención. El bando de policía y buen gobierno queda subordinado a acuerdos de facto y la ley se vuelve selectiva.

El efecto es devastador para el comercio formal que compite en desventaja, la movilidad colapsa, el entorno urbano se deteriora y la seguridad se compromete. El ciudadano paga con tiempo, con riesgo y con una ciudad que pierde orden cada día. Incluso en colonias residenciales y particularmente el primer cuadro, centro histórico, el comercio en calles y banquetas se ha incremento notoriamente en los últimos años de esta administración municipal.

No se trata de estigmatizar a quien trabaja, se trata de exigir reglas claras y aplicación pareja de la ley. Y es que el espacio público se asigna bajo criterios de negocio, mientras circulan versiones de ingresos millonarios sin rendición de cuentas y la autoridad opta por no intervenir.