El 3 de abril, el Viacrucis de Viernes Santo recorrió el centro de Cuernavaca y reunió a miles de fieles en una de las expresiones de fe católica más importantes del estado. Encabezado por el obispo Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el recorrido incluyó en la liturgia de la quinta estación una petición directa al Congreso del Estado de Morelos: rechazar la despenalización del aborto y mantener la protección de la vida “desde la concepción hasta la muerte”.

El llamado revela la encrucijada que enfrenta la LVI Legislatura de Morelos: armonizar la jurisprudencia federal sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, las demandas de organizaciones civiles, el arraigo cultural y electoral de la Iglesia Católica, que conserva una fuerte capacidad de convocatoria en la entidad.

Doctrina eclesial y agenda pública

La posición de la jerarquía católica responde a su enseñanza histórica sobre la defensa de la vida humana desde la concepción. El 13 de marzo de 2026, el obispo Castro Castro reiteró esa postura y advirtió sobre lo que calificó como “presiones internacionales” para imponer una “cultura de la muerte”.

Durante el Viacrucis, la exigencia contra la reforma del aborto se sumó a otras demandas ciudadanas ampliamente compartidas: justicia por la desaparición de Ángel Montenegro García (desde agosto de 2022), esclarecimiento de los feminicidios de las estudiantes Kimberly Ramos y Karol Toledo (principios de 2026), y resultados frente a la inseguridad, el secuestro y la extorsión. La procesión mostró cómo las preocupaciones religiosas se entrelazan con los problemas cotidianos de la población morelense.

El nudo institucional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia que declara inconstitucional la criminalización absoluta del aborto. El Amparo en Revisión 570/2024, resuelto por la Primera Sala, ordenó al gobernador y a los Servicios de Salud de Morelos organizar, difundir e implementar servicios de interrupción voluntaria del embarazo, además de impulsar las reformas legislativas necesarias para armonizar el marco local.

La LVI Legislatura, sin embargo, ha mantenido el dictamen en comisiones. Isaac Pimentel Mejía, diputado de Morena y presidente de la Mesa Directiva, ha señalado la ausencia de consenso interno y la necesidad de obtener aclaraciones sobre los alcances precisos de las resoluciones judiciales. La diputada Melissa Montes de Oca, quien recibió en octubre de 2024 una iniciativa ciudadana respaldada por decenas de colectivos, ha registrado al menos cuatro convocatorias al pleno que no alcanzaron el quórum requerido.

El tema ha provocado divisiones internas. A principios de abril de 2026, la diputada panista Andrea Gordillo se apartó de la línea tradicional de su partido y pidió desahogar el dictamen: “La SCJN lo dijo y estoy a favor de lo que es legal”.

La vía de la sociedad civil

Ante la parálisis legislativa, colectivas como Divulvadoras y la Campaña Aborto Legal Morelos han recurrido nuevamente a los tribunales. El 27 de marzo de 2026 anunciaron un tercer amparo directo para exigir el cumplimiento de las sentencias federales.

Estas organizaciones sostienen que la falta de un marco regulado no elimina la práctica, sino que la empuja a la clandestinidad o al traslado fuera del estado. Como no existen registros oficiales confiables en el sistema de salud local, las colectivas basan sus estimaciones en los casos que acompañan: alrededor de 90 en 2025 y unas 30 mujeres que han viajado a la Ciudad de México en lo que va de 2026. Estas cifras, aunque parciales, subrayan los riesgos sanitarios derivados de la ausencia de regulación clara.

Morelos ofrece así un ejemplo concreto de las tensiones del federalismo mexicano actual. La LVI Legislatura debe ponderar las directrices del Poder Judicial federal, las exigencias de derechos reproductivos y el peso que aún tiene el arraigo religioso en el cálculo político de los legisladores.

El desenlace de este proceso no solo determinará el acceso a la interrupción legal del embarazo en la entidad, sino que también pondrá a prueba los límites entre la soberanía de los congresos locales y el activismo judicial en asuntos de alta sensibilidad moral y social.