Por Otto Alberto Pérez 

La depuración del registro de desaparecidos y el rechazo al escrutinio del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU consolidan una política de Estado que administra la tragedia. Frente al colapso forense y la inoperancia ministerial, el gobierno claudica ante la impunidad.

El Estado mexicano despliega la diplomacia del atrincheramiento. Ante el dictamen del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que advierte indicios fundados de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores respondieron descalificando el informe como “tendencioso”, “parcial” y “sesgado”.

Esta confrontación trasciende el diferendo internacional: materializa una fractura institucional frente al reclamo de justicia. Mientras la administración de Claudia Sheinbaum prioriza blindar la narrativa oficial, las buscadoras enfrentan un exterminio sistemático que desmiente cualquier tesis de pacificación territorial.

El Ejecutivo argumenta que las desapariciones derivan principalmente del crimen organizado y no de una política estatal deliberada. Bajo esa premisa, el 27 de marzo presentó la reingeniería del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas: de 132,534 casos históricos, catalogó solo 43,128 como “activos” con datos completos y sin rastro posterior. El resto fue reclasificado por “actividad posterior” (trámites registrales, bancarios o fiscales) o insuficiencia de información.

Esta reclasificación va más allá del saneamiento administrativo; constituye una elección política de supresión. Al condicionar la búsqueda efectiva a expedientes ministeriales en un país donde, de esos 43,128 casos incontestables, las fiscalías solo han abierto carpetas de investigación en 3,869 (menos del 9%), la autoridad estatuye la inacción como norma.

El costo del letargo gubernamental recae sobre quienes suplen las labores del Estado. El asesinato de Cecilia García Ramblas, de 28 años e integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, ilustra el desamparo: tras localizar los restos de su hermano un año antes, fue secuestrada la noche del 14 de marzo de 2026 y hallada sin vida cuatro días después.

Frente al colapso, los contrapesos operan como apéndices del poder presidencial. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la dirección de Rosario Piedra Ibarra, avala el aislacionismo diplomático, acusa sesgo a las organizaciones civiles y desmantela la protección no jurisdiccional para alinearse con las directrices de Morena.

Esgrimir la soberanía nacional para rechazar la asistencia técnica internacional fractura el derecho internacional. Este recurso retórico permite evadir la rendición de cuentas ante la parálisis sistémica de las fiscalías y una crisis forense que acumula decenas de miles de cuerpos sin identificar en las morgues del país.

Al erigir la soberanía como escudo estadístico, el aparato gubernamental no defiende al Estado mexicano: lo debilita. Una nación que burocratiza la tragedia de sus ausentes y abandona a sus buscadoras en las fosas clandestinas no ejerce soberanía; la entrega al olvido para normalizar la impunidad como política de Estado.