Carolina Ruiz Rodríguez *
Aun cuando vuelven a escucharse voces que llaman a una América Latina unida, a construir un frente común entre países hermanos para enfrentar un mundo globalizado y escenarios económicos cada vez más complejos, este lunes 16 de marzo comenzó la construcción de un nuevo muro fronterizo en nuestro continente.
Y, una vez más, se recurre a las fuerzas castrenses —al Ejército— para levantarlo y evitar el paso de personas en movimiento. También, como ya se ha visto en otras latitudes, se argumenta que este muro no sólo contendrá a migrantes, sino también a delincuentes y narcotraficantes. Más grave aún, se ha comenzado a etiquetar como “adversarios” a quienes han ingresado de manera irregular al país.
Se trata de una barrera física de cinco metros de altura, con tres metros adicionales bajo tierra, que no sólo dividirá territorios, sino que fragmentará a pueblos históricamente vinculados, pero hoy divididos por cuestiones ideológicas. A ello se suma el uso de tecnología de punta para contener el flujo migratorio.
Todo esto forma parte del denominado Plan Escudo Fronterizo, impulsado por el presidente de Chile, José Antonio Kast, tras asumir el cargo el pasado 11 de marzo.
Tristemente, diversos analistas sudamericanos —particularmente de Bolivia y Perú— han calificado estas acciones como medidas de corte electoral: una estrategia para legitimar rápidamente a su gobierno e, incluso, para posicionarse en un contexto de tensiones por límites territoriales en la zona conocida como el Triángulo Terrestre, cuyo diferendo permanece abierto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En su primer discurso como presidente, el 12 de marzo, Kast afirmó de manera textual que “son adversarios de Chile quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie”. Incluso, se aprobaron reformas legislativas para que el ingresar de manera irregular a territorio chileno ya no sea una falta, si no un delito.
Más allá de la evidente criminalización de las personas migrantes —en su mayoría provenientes de Venezuela y no necesariamente de los países vecinos Perú y Bolivia—, la experiencia internacional, particularmente la de Estados Unidos, ha demostrado con claridad que los muros, los cierres de fronteras y las políticas anti inmigrantes no detienen los flujos migratorios. Por el contrario, los desplazan hacia rutas más peligrosas y fortalecen —trágicamente— las redes de tráfico ilegal de personas.
De acuerdo con el propio gobierno chileno, el Plan Escudo Fronterizo busca responder a una crisis migratoria sin precedentes mediante medidas drásticas: cierre total de pasos no habilitados, sanciones severas y un despliegue militar y policial sin precedente.
Entre sus acciones destacan:
= La construcción de muros y vallas de hasta cinco metros de altura, equipados con sensores de movimiento y vigilancia con drones.
= La excavación de zanjas de hasta tres metros de profundidad en zonas de alto tránsito migratorio.
= La instalación de cercos electrificados, con patrullaje permanente de fuerzas armadas y policiales.
= Torres de vigilancia y radares térmicos para la detección inmediata de movimientos.
= Drones autónomos con reconocimiento facial, visión infrarroja y operación permanente.
Más allá de los argumentos oficiales, los costos y el oneroso mantenimiento, estas medidas representan un claro retroceso en materia de derechos humanos y en los esfuerzos por construir políticas de inclusión, que deberían ser la base para atender el fenómeno migratorio.
Porque si algo ha dejado claro la historia reciente, es que levantar muros no resuelve las crisis: las profundiza. No detiene la migración; la vuelve más peligrosa. No genera seguridad; produce más violencia y más exclusión. Replicar en América Latina las políticas que han dividido a Estados Unidos no sólo es un error: es una renuncia a nuestra propia identidad histórica como región solidaria.
Hoy, más que nunca, debemos preguntarnos si queremos ser un continente que levanta muros… o uno que construye soluciones. Porque cuando se criminaliza la migración, lo que realmente se está haciendo es cerrar la puerta a la humanidad.
* Diputada local y presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes del Congreso del Estado de Morelos





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