Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

Cada sexenio, el debate público en México reincide en una ilusión cómoda: la creencia de que la corrupción se combate colocando a personas “buenas” en posiciones de poder. La narrativa oficial reduce el saqueo del erario a un problema de carácter, como si bastaran exhortos morales o discursos de rectitud para corregirlo. Es una simplificación peligrosa. La corrupción en la administración pública no es, ante todo, una falla ética individual; es el resultado lógico de un diseño institucional defectuoso.

Para comprender por qué incluso los funcionarios mejor intencionados terminan cediendo, es necesario abandonar la moralina y recurrir a herramientas analíticas más rigurosas, como la teoría de juegos. En particular, el concepto de Equilibrio de Nash permite explicar este fenómeno con crudeza: se trata de una situación en la que ningún actor tiene incentivos para cambiar su conducta, dado lo que hacen los demás. Es un punto de estabilidad, aunque sea profundamente disfuncional.

Trasladado a la burocracia mexicana, este equilibrio describe una trampa. Imaginemos a un profesionista competente que ingresa al servicio público decidido a cumplir la ley. Muy pronto descubre que el verdadero “sistema operativo” no es el marco jurídico, sino una red informal de lealtades, discrecionalidad y acuerdos implícitos. En ese entorno, la decisión racional se vuelve paradójica: si actúa con integridad de manera aislada y denuncia irregularidades, el sistema no lo protege; lo expulsa. La honestidad unilateral implica un costo personal altísimo, a menudo irreversible. En cambio, si opta por callar y adaptarse —firmar documentos dudosos, tolerar procedimientos viciados—, el sistema lo integra y le garantiza continuidad.

Así, la corrupción deja de ser una desviación y se convierte en una estrategia de supervivencia. No porque todos los individuos sean corruptos por naturaleza, sino porque el sistema castiga al que no lo es. Ese es el núcleo del equilibrio: nadie cambia porque hacerlo implica perder.

Sin embargo, hay un elemento adicional que agrava este fenómeno en el México actual: la reconfiguración del poder público bajo una lógica crecientemente centralizada. La llamada “transformación” no solo ha fallado en desmontar este equilibrio, sino que parece estar rediseñando las reglas del juego para consolidarlo. La concentración de decisiones en el Ejecutivo, el debilitamiento de órganos autónomos y la erosión de contrapesos técnicos apuntan hacia un modelo de facto más cercano a un sistema monopólico del poder que a una democracia institucional equilibrada.

En un entorno así, el Equilibrio de Nash se endurece. Cuando el poder se concentra, también se concentran los incentivos para alinearse y los castigos para disentir. La discrecionalidad se amplifica, la rendición de cuentas se diluye y las rutas institucionales para denunciar desaparecen. El servidor público ya no solo enfrenta una red informal de corrupción, sino un diseño estructural que premia la lealtad política por encima de la legalidad.

La impunidad es el pegamento que mantiene unido este sistema. Y los equilibrios de este tipo no se rompen con discursos ni con apelaciones morales. Se rompen alterando los incentivos: elevando de forma creíble los costos de la corrupción y reduciendo los riesgos de actuar con integridad. Esto implica rediseñar instituciones, garantizar autonomía real y construir mecanismos efectivos de protección para quienes denuncian.

Mientras el poder continúe concentrándose y los contrapesos debilitándose, el Estado seguirá operando como una maquinaria que absorbe y transforma a quienes entran en ella. No importa cuán honestas sean sus intenciones iniciales: el dilema seguirá siendo el mismo. Adaptarse al sistema o ser expulsado por él.

Y en ese dilema, lo verdaderamente escaso no es la virtud individual, sino un diseño institucional que la haga posible.